España ya tiene su primera estrategia contra el tráfico de animales y plantas

España cuenta ya con su primera estrategia para luchar contra el tráfico ilegal de especies de animales y plantas, el tercer crimen organizado que más dinero genera a nivel mundial –mueve más 20.000 millones de euros anuales– y una de las mayores amenazas para la conservación de la naturaleza. El primer plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies animales y vegetales, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, contiene un paquete de 16 actuaciones a desarrollar hasta 2020 por cuatro ministerios (Exteriores, Medio Ambiente, Economía y Hacienda), la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado.

Entre las 16 medidas que recoge este plan, realizado en transposición de la normativa europea en la materia, de 2016, destacan el aumento de los fondos para campañas de sensibilización que reduzcan la demanda interna de productos procedentes del tráfico ilegal de especies, la limitación del comercio de marfil y el incremento de la actividad diplomática en esta materia para abordar el problema en origen. Apoyar el desarrollo de medios de subsistencia alternativos para las comunidades locales de donde se extraen las especies, aumentar la sensibilización de los sectores empresariales y apoyar iniciativas contra la corrupción asociada al furtivismo son otras de las actuaciones contempladas.

Científicos y conservacionistas consultados por Efe consideran «vital» que España cuente con una estrategia de estas características para luchar contra esta lacra para la biodiversidad y el desarrollo humano en los países pobres, ya que, por su localización geográfica, supone «el puerto entrada» a la Unión Europea de especies procedentes de África y de América. La ONG WWF España calcula que a través de grandes puertos, como Algeciras, Valencia y Canarias, llegan a España miles de animales y plantas víctimas del tráfico de especies. Esta organización calcula que solo entre los años 2013 y 2014 se abrieron expedientes para 9.500 animales (mamíferos, aves, reptiles y peces) procedentes del tráfico ilegal y 10.000 plantas; mientras que entre 2005 y 2014 se incautaron 13.838 animales vivos. Según ha señalado a Efe el portavoz de WWF en esta materia, Luis Suárez, los animales y productos derivados de los mismos procedentes del trafico ilegal más comunes en España son los reptiles (iguanas, lagartos y todo tipo de serpientes y pitones), cuyas pieles suelen llegar para ser vendidas a coleccionistas y talleres de marroquinería dentro y fuera del país.

Abundan aves exóticas, sobre todo loros de América del Sur, y, aunque no es lo que más abunda, también se decomisan partes de grandes mamíferos a los que el tráfico ilegal está llevando al borde de la extinción, como es el caso de los macacos, tigres, rinocerontes o elefantes, de los que se incautaron 70 colmillos enteros recientemente. Entre la fauna y flora autóctona víctima del tráfico de especies destacan las anguilas, que se capturan de manera ilegal en lugares como las marismas del Guadalquivir (Andalucía) para venderse a China, y de las que solo en 2012 y 2016 se han incautado 5.000 kilos, según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Aunque el texto completo del plan prevé «la mejora del cuidado de las plantas y los animales vivos incautados», Suárez ha incidido en que este punto debe ser mucho más desarrollado y reforzado. El portavoz de WWF ha explicado que a los animales no se les incauta hasta que no hay orden judicial, y que en muchos casos quedan en manos de la persona a quien se le ha intervenido, con la única limitación de no poder venderlo, porque no hay donde llevarlos.

En España existen algo más de 30 centros de rescate de estos animales que por lo general están «saturados», según Suárez, quien ha asegurado que no hay un registro de los mismos y que en la mayoría de los casos se ocupan de los animales voluntariamente con donativos y ayudas, salvo casos excepcionales en los que estos centros pertenecen a la Administración. Suárez opina que si no se devuelven a su hábitat natural, hay que garantizar que los animales incautados «tengan una vida digna en cautividad y sirvan para planes de cría con finalidad científica y conservacionista».

El plan aprobado por el Gobierno no cuenta con un presupuesto específico, pero recoge una memoria adjunta explicando las cantidades que cada departamento destinará, de sus propios fondos, a las medidas que le corresponde ejecutar.