Sarkozy, bajo sospecha por sus cuentas de la campaña de 2012
La autoridades francesas sospechan que a través de Bygmalion, empresa encargada de organizar los actos electorales de la ya extinta Unión por un Movimiento Popular (UMP), se emitieron una serie de facturas falsas destinadas a ocultar un exceso de gasto. Según la Fiscalía, la UMP superó en 18,3 millones de euros los 22,5 millones de euros que establece la legislación francesa como techo de gasto para campañas electorales y tejió un sistema de emisión de facturas falsas para justificarlo. Este caso podría perjudicar a Sarkozy, en el caso de que consiga la nominación republicana y gane las elecciones presidenciales del próximo año, el proceso judicial en su contra quedaría bloqueado hasta el final de su mandato, en 2022. La decisión sobre su imputación corresponde ahora al juez instructor del caso, que deberá pronunciarse en un mes.
Reuters
La Fiscalía francesa ha pedido juzgar al expresidente francés Nicolas Sarkozy por el ‘caso Bygmalion’, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2012, según fuentes judiciales citadas por la cadena Europe 1. Sarkozy, acusado de «financiación ilegal de la campaña electoral», es uno de los 14 investigados que el Ministerio Público ha recomendado sentar en el banquillo por ‘Bygmalion’.
La autoridades francesas sospechan que a través de Bygmalion, empresa encargada de organizar los actos electorales de la ya extinta Unión por un Movimiento Popular (UMP), se emitieron una serie de facturas falsas destinadas a ocultar un exceso de gasto. Según la Fiscalía, la UMP superó en 18,3 millones de euros los 22,5 millones de euros que establece la legislación francesa como techo de gasto para campañas electorales y tejió un sistema de emisión de facturas falsas para justificarlo. Este caso podría perjudicar a Sarkozy, en el caso de que consiga la nominación republicana y gane las elecciones presidenciales del próximo año, el proceso judicial en su contra quedaría bloqueado hasta el final de su mandato, en 2022. La decisión sobre su imputación corresponde ahora al juez instructor del caso, que deberá pronunciarse en un mes.
