Productores y comerciantes de coca de Colombia temen por su futuro sin las FARC
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en noviembre firmaron la paz tras 52 años de confrontación con el Estado, han reconocido haberse financiado con actividades relacionadas con el narcotráfico, como el cobro de impuestos a cultivadores de coca. Pero con la paz, las FARC aceptaron desvincularse del negocio de la droga, combustible del conflicto armado desde los años 1980. Ahora, los 5.800 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según sus propios cálculos, se preparan para dejar las armas, un proceso bajo supervisión de la ONU que debe concluir en seis meses. Su desmovilización genera incertidumbre en Policarpa, uno de los centros de la producción de coca en el convulsionado Nariño. Este departamento fronterizo con Ecuador ha estado asolado no solo por grupos armados, sino también por bandas criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas. «Desde que las FARC se entregue y este municipio quede solo puede repetirse lo que pasó en años anteriores, que había una guerra entre varios grupos por el control», opina Jesús Ramos, comerciante de 42 años.
Reuters
«Aquí el fuerte es la coca, si se acaba no hay nada, la gente sobrevive de eso», dice Roberto Delgado, comerciante del pequeño poblado de Policarpa, un deprimido municipio del sur de Colombia que se apresta a aplicar un programa de sustitución de cultivos ilícitos. De 42 años, Delgado expresa las angustias del pueblo de cara a la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla FARC, que ha ejercido su influencia en la zona. «El temor es que cuando se vayan (los guerrilleros) se acaba la seguridad», afirma. Con las FARC «ha habido respeto, ellos ponen sanción al que pone desorden», refiere, resumiendo la preocupación que ronda esta región, acostumbrada a pagar a la guerrilla por protección.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en noviembre firmaron la paz tras 52 años de confrontación con el Estado, han reconocido haberse financiado con actividades relacionadas con el narcotráfico, como el cobro de impuestos a cultivadores de coca. Pero con la paz, las FARC aceptaron desvincularse del negocio de la droga, combustible del conflicto armado desde los años 1980. Ahora, los 5.800 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según sus propios cálculos, se preparan para dejar las armas, un proceso bajo supervisión de la ONU que debe concluir en seis meses. Su desmovilización genera incertidumbre en Policarpa, uno de los centros de la producción de coca en el convulsionado Nariño. Este departamento fronterizo con Ecuador ha estado asolado no solo por grupos armados, sino también por bandas criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas. «Desde que las FARC se entregue y este municipio quede solo puede repetirse lo que pasó en años anteriores, que había una guerra entre varios grupos por el control», opina Jesús Ramos, comerciante de 42 años.
