Cristina Fernández, imputada de nuevo por otro caso de corrupción

Un juez federal ha procesado este martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández y a sus dos hijos por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita en la tercera imputación que recibe la exdirigente peronista por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.

El juez federal Claudio Bonadío también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández (2007-2015) hasta cubrir la suma de 130 millones de pesos (más de 8 millones de euros) y ha prohibido salir del país a la exmandataria y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el procesamiento que ha sido publicado por el Centro de Información Judicial en su página de Internet.

El magistrado ha indicado que no hay riesgo de fuga de los sospechosos y por ello no dispuso su prisión preventiva.

Bonadío ha considerado en su fallo que la exdirigente peronista, de 64 años, es “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, que supuestamente recibía sobornos de empresarios beneficiados con distintos negocios con el Estado.

Este es el tercer procesamiento que suma la exmandataria desde que dejó el poder a fines de 2015. En otra causa a cargo de Bonadío está acusada de haber ordenado maniobras irregulares en el mercado cambiario que causaron un perjuicio económico al Estado y en una tercera otro juez federal la procesó por administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.

Fernández, que puede apelar la medida, ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que ella y sus hijos “son víctimas de una persecución judicial y mediática”.

Los hijos que Fernández tuvo con su antecesor y fallecido marido Néstor Kirchner (2003-2007) también han sido señalados como jefes de la asociación ilícita, mientras que cuatro empresarios supuestamente beneficiados con obras públicas y explotación de áreas petroleras, entre otros negocios, han sido considerados organizadores de la misma.

Los sobornos, según las sospechas del juez, se han concretado mediante el alquiler a los empresarios procesados de inmuebles propiedad de la firma Los Sauces, de la que son dueños la expresidenta y sus hijos. Esa misma sociedad fue integrada por su marido, fallecido en 2010.

La expresidenta ha rechazado semanas atrás que los cuestionados contratos de alquiler sean “calificados como un supuesto lavado de dinero” y sostuvo que son “reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos”.

De ser hallados culpables, Fernández y sus hijos podrían recibir una pena de hasta 10 años de prisión.

El cerco judicial se ha estrechado en torno de Fernández desde que dejó el poder. La exmandataria sostiene que jueces que responden a su sucesor, el conservador Mauricio Macri, la tienen como blanco de todo tipo de denuncias sin fundamento.