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Un estudio confirma que las inyecciones de gas provocaron los seísmos en Castellón

Un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha demostrado que los terremotos registrados en 2013 en el norte de la Comunidad Valencia y el sur de Cataluña se produjeron por las inyecciones realizadas en el almacén de gas conocido como Castor. Álvaro Nadal, ministro de Energía, cartera que encargó el estudio, ha avanzado que buscarán la manera más adecuada de desmantelar este silo instalado frente a la costa de Vinaroz, aunque por el momento, dado los riesgos que entraña la operación, mantendrán el almacén inactivo, tal y como permanece desde finales de 2013.

Un estudio confirma que las inyecciones de gas provocaron los seísmos en Castellón

Reuters

Un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha demostrado que los terremotos registrados en 2013 en el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña se produjeron por las inyecciones realizadas en el almacén de gas conocido como Castor.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuyo departamento encargó el estudio, ha asegurado que se va a buscar la manera más adecuada de desmantelar este silo instalado frente a la costa de Vinaroz, aunque por el momento, dado los riesgos que entraña la operación, el almacén se mantendrá inactivo, tal y como permanece desde finales de 2013. «Cuando se pueda hacer se hará», ha sentenciado.

Los expertos del MIT coinciden, de este modo, con las conclusiones del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero. Los temblores parecen ser una respuesta de la falla de Amposta, desestabilizada por las inyecciones de gas.

En cualquier caso, la paralización de Castor no le ha salido gratis al Ejecutivo. En octubre de 2014, el Gobierno pagó 1.461 millones de euros de manera compensatoria a la promotora del proyecto, Escal UGS SL, cuyo máximo accionista es la constructora ACS, a cambio de quedarse con la propiedad del almacén. Más adelante, el coste de la operación se ha ido encareciendo hasta alcanzar los 1.700 millones de euros. Esta cantidad se cobrará a los contribuyente en los próximos 30 años a través del recibo de la luz. En la cifra final no están incluidos los 15 millones anuales que cuesta el mantenimiento de la planta.

Cuando el Gobierno hizo la concesión a Escal de la construcción de este silo en 2008, solicitó a la empresa una previsión del coste de un futuro desmantelamiento. De acuerdo con Escal, los costes serían de algo más de 140 millones de euros. Por su parte, el Síndic de Greuges, defensor del pueblo catalán, siendo más pesimista, estimó en 2014 que podría rondar los 300 millones.

 

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