Trump vuelve a insistir en el desbloqueo de su veto migratorio

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha anunciado este jueves que llevará hasta el Tribunal Supremo el bloqueo que han dictaminado varias cortes contra el veto migratorio que el presidente, Donald Trump, ha proclamado en marzo para prohibir durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos de seis países musulmanes, a fin de combatir el terrorismo yihadista.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de del país ha dictado horas antes el mantenimiento del bloqueo del veto migratorio decretado por Trump contra Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

En su dictamen, el tribunal ha señalado que el veto ordenado «habla con palabras vagas de seguridad nacional, pero en un contexto salpicado de intolerancia, animosidad y discriminación«.

La decisión del tribunal, con sede en Richmond (Virginia), significa en la práctica que el Gobierno de Trump no puede aplicar la prohibición con el argumento de salvaguardar la seguridad nacional.

Un panel de trece jueces ha evaluado el decreto, de los que diez han optado mantener el bloqueo al veto, frente a tres que se manifestaron en contra.

El Tribunal de Apelaciones se ha declarado «no convencido» de que la orden de Trump «tenga más que ver con la seguridad nacional que con el logro de la prohibición musulmana prometida por el presidente» durante la campaña electoral de 2016.

Trump ha decretado el veto en marzo después de que la Justicia bloquease su primer veto migratorio, proclamado el 27 de enero y que ha tenido que ser sustituido por uno nuevo debido a los continuos reveses judiciales.

El segundo decreto, a diferencia del primero, dejaba por fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

A pesar de los fallos de las cortes de apelaciones, el veto acaba entonces en el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, que será el encargado de decidir sobre la constitucionalidad del controvertido veto.

Los detractores de la orden migratoria argumentan que contraviene la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a cualquier individuo de la discriminación por motivos religiosos.