Japón ejecuta a dos sentenciados a muerte

Japón ha ahorcado este jueves a dos presos condenados a muerte, en lo que suponen la decimoctava y decimonovena ejecución bajo el actual Gobierno que lidera el primer ministro conservador Shinzo Abe, ha informado el Ministerio de Justicia nipón. La orden de ejecución ha sido firmada por el ministro del ramo, Katsutoshi Kaneda, que ya rubricó otra anterior en noviembre de 2016, informa EFE.

El primer de los ajusticiados, Masakatsu Nishikawa, de 61 años y condenado por el asesinato de cuatro mujeres en los años 90, había presentado un recurso para que se revisara su caso, según la agencia Kyodo. El otro preso ejecutado ha sido Koichi Sumida, de 34 años, que se declaro culpable del asesinato de una compañera de trabajo cometido en 2011.

El ministro de Justicia nipón ha asegurado, en una rueda de prensa celebrada en Tokio tras la primera ejecución, que dio la orden después de «pensarlo cuidadosamente», ya que se trataba de un caso «extremadamente cruel, en el cual se acabó con la vida de las víctimas con un objetivo egoísta».

Japón es el único país industrializado junto con Estados Unidos que mantiene la pena de muerte y la reticencia nipona a abandonar esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional (AI). Esta organización tilda de «cruel» la legislación nipona, en la que se estipula entre otras cosas que los condenados a muerte han de ser ahorcados, permanecer incomunicados hasta que les aplique la pena y recibir la noticia de su ejecución pocas horas antes de llevarse a cabo.

En octubre de 2016 la Federación de abogados de Japón (JFBA) aprobó por primera vez la adopción de una declaración contra la pena de muerte en el país asiático, en la que abogan por sustituirla por la cadena perpetua para el año 2020.

El ministro Kaneda ha expresado públicamente su oposición a abolir la pena de muerte argumentando los datos que arrojan las encuestas, donde más del 80 por ciento de los japoneses dice estar a favor de la pena capital, pese a que algunas organizaciones han puesto en duda la metodología de los cuestionarios.