El Gobierno controlará semanalmente el gasto de la Generalitat para impedir el referéndum

El Gobierno ha acordado imponer a la Generalitat de Cataluña un control semanal del gasto para impedir el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Si Cataluña destina fondos económicos de forma directa o indirecta al procedimiento refrendario se le cortará la financiación que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.

La decisión la ha adoptado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por Mariano Rajoy, y tiene una aplicación inmediata. La orden entra en vigor este sábado, después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Méndez de Vigo no aclaró en la rueda de prensa si se había alertado o avisado antes de la comunicación pública a la Generalitat de esta medida, hasta ahora inédita en España.

Este control semanal se complementa con la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de julio en la que se declararon inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanas destinadas al referéndum soberanista.

La Generalitat está, a partir de ahora, obligada a remitir un certificado, cada semana, a los interventores de las consejerías, a los responsables económicos de cada departamento y a todas las entidades públicas con capacidad de gasto. Serán estos quienes deberán certificar ante el Ministerio de Hacienda que no se ha iniciado ningún expediente de gasto que pueda ser destinado a la convocatoria del referéndum.

“Ni un euro para el referéndum”

“Ni un euro que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a financiar el referéndum ilegal», ha asegurado el portavoz del Gobierno. En el caso de que no se envíe la información requerida se congelaran los fondos de la FLA. Está previsto que Cataluña reciba 3.600 millones de euros de estos fondos este año, según ha compartido Méndez de Vigo. Desde el 2012 ha recibido 63.200 millones de euros.

Además, también se exigirán responsabilidades individuales. Pero Méndez de Vigo ha sostenido que ni siquiera “contempla esa posibilidad” porque “hay que cumplir la ley”.

Este acuerdo se mantendrá hasta la “desaparición de la situación de riesgo general en Cataluña o hasta que sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma”, según consta en la nota de prensa de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.