El Tribunal Supremo reconoce a Gibraltar el derecho a litigar en España

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha reconocido a Gibraltar el derecho a litigar en España y a exigir una rectificación a los medios de comunicación que publiquen informaciones que dañen las instituciones o la sociedad del Peñón, informa el tribunal. Los magistrados consideran que, si bien Gibraltar no está reconocido como Estado independiente en el Derecho internacional -al tratarse de un territorio de ultramar de Reino Unido-, sí reúne los requisitos para que se le reconozca una personalidad jurídica y, por tanto, está legitimado para formar parte en un proceso judicial en los tribunales españoles.

La sentencia está ligada a la denuncia que interpuso el Gobierno de Gibraltar contra el diario español ABC y su director, Bieito Rubido, por unas informaciones publicadas en 2015 que menoscababan la imagen del Peñón al vincularlo con el crimen organizado. «La publicación de hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, relacionadas con actividades reprobables y en su mayoría ilícitas (contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario y, en general, conexiones con redes criminales) afecta a las instituciones gibraltareñas, por la permisividad que se atribuye a las autoridades en relación con estas actividades, y resulta negativa para la sociedad gibraltareña en su conjunto», considera le Alto Tribunal. «Por ello, la sentencia reconoce al Gobierno de Gibraltar legitimación activa en el ejercicio del derecho de rectificación de las informaciones publicadas», concluye.

«Basta con que los hechos publicados sean perjudiciales para las instituciones gibraltareñas para que sea posible el ejercicio del derecho de rectificación ante la inexactitud de afirmaciones contenidas en un artículo de prensa que fueran erróneas o tergiversadoras, o bien omitieran hechos relevantes con relación a la información publicada», ahonda el Tribunal Supremo.

El ponente de la sentencia ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena.