India paraliza cautelarmente la deportación de los rohingya

El Tribunal Supremo indio ha paralizado este viernes cautelarmente la deportación de unos 40.000 rohingyas en la India mientras examina una demanda contra la intención del Gobierno indio de expulsar a los miembros de esta minoría musulmana que se encuentran en el país alegando «motivos de seguridad».

El Supremo ha señalado que hasta la próxima vista del caso, que tendrá lugar el 21 de noviembre, «el Gobierno no debe deportar» a los rohingyas, ha afirmado a Efe el abogado Prashant Bhushan, que representa a la parte demandante. La máxima instancia judicial india estudia la apelación de dos refugiados rohingyas contra la posible deportación del país de los miembros de esta minoría, una decisión que el Gobierno indio defiende que debe quedar en manos del Poder Ejecutivo.

El Gobierno aseguró que la permanencia de los rohingyas, «además de ser absolutamente ilegal (…) supone serias amenazas a la seguridad», tras hallar supuestamente entre ellos vínculos con terroristas. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, Dipak Misra, ha indicado «que se trata de un importante asunto de derechos humanos de los refugiados«, por lo que «los derechos humanos de esta gente se tienen que equilibrar con la búsqueda de la seguridad nacional».

A su vez, el juez Misra ha subrayado que entre los rohingyas hay también «mujeres, niños, ancianos y gente inocente y el tribunal tiene que equilibrar este interés».

La intención del Gobierno indio de deportar cerca de 40.000 rohingyas que hay repartidos en varios campamentos en el norte del país, de los cuales 16.500 poseen estatus de refugiados, ha suscitado varias críticas de grupos de derechos humanos en la India.

Esta medida se produce en plena crisis de refugiados rohingya.  Al menos 536.000 personas de esta minoría han huido a Bangladesh desde el 25 de agosto a raíz de la ola de violencia desatada en Birmania (Myanmar), donde el Ejército efectúa una campaña militar en respuesta a un ataque de un grupo de insurgentes de esta minoría contra puestos de las fuerzas de seguridad birmanas. Esta operación militar ha sido catalogada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como un caso de «limpieza étnica».