Hacienda denuncia al Gobierno de Puigdemont por los gastos del referéndum

El Ministerio de Hacienda ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno cesado de Carles Puigdemont y contra los responsables de las organizaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural por supuesta malversación de fondos públicos por los gastos en la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha enviado una carta al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en el que le pide que adopte «medidas contra el Govern de Catalunya y los responsables de las asociaciones identificadas que permitan esclarecer las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y en su caso, integración en el patrimonio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum», según informan varios medios.

Hacienda también reclama que se investigue el empleo de recursos públicos  y que se adopten las medidas para «definir el importe de los daños causados para el erario público». En cuestión de responsabilidad, el Ministerio identifica al entonces Govern de Catalunya «como responsable de los daños causados al erario público» y pide que se le reclame «tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable las indemnizaciones procedentes». Con respecto a Òmnium Cultural y ANC «se solicita a los efectos de que pueda determinarse la eventual responsabilidad que corresponda, que se inste a las mismas a los efectos de que definan la financiación que reciben con origen público y el destino empleado con la misma».

«Para determinar los presuntos responsables de estos daños», explica el secretario de Estado en la carta, según recoge El País, «hay que partir necesariamente de la delimitación subjetiva de los posibles responsables contables que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos».

Fernández Moya identifica a los miembros del Govern como instigadores del referéndum ilegal y, por tanto, en haber permitido su financiación con fondos públicos: «Es evidente que la presunta responsabilidad contable de los miembros del Gobierno de la Generalitat se deriva de su participación directa en la articulación del entramado normativo y de actuación ejecutiva de dirección de todos los actos y procedimientos necesarios para hacer posible el referéndum del 1 de octubre», ha señalado.