Una "Ley contra el Odio" amenaza con el cierre a medios y partidos en Venezuela
En términos parecidos se ha expresado el diputado opositor Armando Armas, que ve en el texto de la Constituyente «un manual de procedimientos para la represión» que no hará sino «agravar la situación económica y social» de Venezuela.
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado el miércoles una «Ley contra el Odio» que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan «el fascismo», informa EFE.
La polémica ley ha sido expresamente solicitada por el presidente Nicolás Maduro a la Constituyente chavista para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que según el oficialismo han disparado la ola de protestas antigubernamentales que han sacudido el país entre abril y agosto y han dejado más de 150 muertos.
«Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años«, establece el artículo 20 de la citada ley.
El texto -refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista- prevé también la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.
La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que «promuevan el fascismo» y los demás «delitos de odio» ya mencionados.
Maduro, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y el resto de primeras espadas del oficialismo tachan a menudo de «fascistas» a los partidos de la oposición, a los que se refieren habitualmente como «derecha apátrida».
Con las disposiciones aprobadas este jueves, la Constituyente -un suprapoder instaurado por el oficialismo que no reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional- obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen «la diversidad» y «la tolerancia».
Los dueños de los medios que no se avengan a poner su programación o sus páginas a estos mensajes se exponen a sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos en el ejercicio anterior al período en que ocurran los hechos.
La ley tampoco deja sin regular las redes sociales, y las personas jurídicas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes «de odio» deberán responder con el pago de multas.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) ha sido una de las primeras entidades en pronunciarse sobre una ley que «solo legitimará la censura y criminalizará la opinión», según un mensaje escrito en Twitter por el colectivo gremial, que la considera «un atentado directo contra la libertad de expresión».
En términos parecidos se ha expresado el diputado opositor Armando Armas, que ve en el texto de la Constituyente «un manual de procedimientos para la represión» que no hará sino «agravar la situación económica y social» de Venezuela.
