El exconsejero Antonio Fernández dice que los sindicatos conocían los requisitos de los ERE

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha declarado este lunes que, aunque no existía una norma concreta donde consultar los requisitos para acceder a las ayudas de los ERE, los sindicatos y comités de empresa los conocían, pues era el programa más publicitado de la Junta de Andalucía. La ausencia de publicidad de estas ayudas es la base para que la Fiscalía y las acusaciones populares del juicio de los ERE atribuyan “arbitrariedad” en el reparto de ayudas.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado de manera insistente sobre cómo podía informarse un trabajador sobre las ayudas para la prejubilación que daba la Dirección General de Trabajo.

A estas preguntas, Fernández se ha limitado a señalar que la “información, publicidad y conocimiento del contenido de las ayudas las tenían quienes debían tenerlo, los sindicatos y los comités de empresa”, que tenían un papel negociador en los ERE. “No había ninguna norma que especificara los requisitos ni en España ni en Andalucía pero a quienes iba dirigido conocían perfectamente el contenido del programa de ayudas”, ha asegurado.

Fernández ha defendido que los requisitos se fijaban en cada caso porque “dos expedientes no son iguales entre sí” y ha asegurado que se trabajaba de la misma manera que lo hacía el Gobierno estatal con las ayudas excepcionales concedidas al amparo de la orden del Ministerio de Trabajo de 1995.

El fiscal también ha interrogado a Fernández sobre si alguien le habló de la falta de fiscalización previa, a lo que ha respondido que “en aquel tiempo a mí nadie me dio cuenta de cómo se fiscalizaban” las ayudas, pero ha conocido que “tenían fiscalización permanente” a raíz de la causa.

El exconsejero se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de los ERE, una causa política abierta contra los procesados por crear o mantener un “procedimiento específico” por el que la Junta de Andalucía repartió, entre 2001 y 2011, 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria, según la Fiscalía.

Fernández es, junto al exdirector de Trabajo Javier Guerrero, el único de los 22 acusados en este caso que ha pasado por prisión. Su interrogatorio es el más largo, pues lleva tres días respondiendo a las preguntas del fiscal y continuará todavía este martes.