Rato defiende que cobró sus conferencias de forma legal

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que «muchas otras personas», ya que desde 2002 es «plenamente legítimo facturar a través de empresas», ha dicho en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla donde ha declarado por el supuesto fraude en el cobro de conferencias. Rato ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso porque, si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.

Rato, investigado por varios casos de supuesta corrupción y fraude fiscal, fue condenado en febrero de 2017 a cuatro años y seis meses de cárcel por el caso de las tarjetas black, cuando era presidente de la Caja Madrid.

En declaraciones a los medios realizadas a la salida de los juzgados, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que estas investigaciones son un «claro caso de discriminación», mientras que a «otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores» a las suyas no se les ha atribuido delito fiscal alguno.

Entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros, según la Guardia Civil. El año 2008, meses después de su salida del FMI, fue el de mayor volumen.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exdirigente del PP responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que supuestamente defraudó, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía «superaría los 120.000 euros» establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

Rato ha lamentado que, en el marco de la causa que investiga el origen de su patrimonio, la Oficina Antifraude dependiente del Hacienda (ONIF), haya presentado hasta 11 informes, ninguno definitivo, en los que le atribuía inicialmente una deuda tributaria por movimientos de divisas superior a ocho millones de euros. Una acusación que ha calificado de «falsa» ya que, según él, se ha puesto de manifiesto que «esa cifra ha quedado reducida a cero».

En noviembre de 2015, siete meses después de la detención del exministro, el instituto armado solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el «complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales». Entre las operaciones que proponía analizar se encontraban varias conferencias en diversos países, por las cuales el exvicepresidente del Gobierno «recibiría importantes cantidades de dinero». Para gestionar esta actividad, proseguía el documento contenido en el sumario, Rato contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján, que han comparecido a lo largo de la mañana.