La operación Pretoria se salda con penas de hasta siete años de cárcel

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los 11 acusados en el juicio de la llamada ‘Operación Pretoria’, en el que se han juzgado actuaciones ilícitas en operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente, o bien a través de intermediarios o testaferros, informa la Audiencia Nacional en un comunicado. Entre los condenados están los ex consejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda, con ponencia de la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, condenan a los acusados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En el fallo se detallan las penas y delitos por los que ha sido condenado cada acusado. El exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, ‘Luigi’, ha sido condenado a 7 años, 1 mes y 27 días de cárcel, mientras que al exalcalde de esta formación en Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, se le ha impuesto la pena de 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel. Por su parte, el exconcejal Manuel Dobarco ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación.

Otros condenados son los ex consejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes la Sala ha impuesto penas que suman para cada uno 1 año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.

La sentencia, en sus hechos probados, relata cómo entre los años 2002 y 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona, en  las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones, “no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades ad ministradas o controladas de hecho por los mismos”.

La resolución acuerda la confiscación de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas, que ascendieron a un total de 5.886.925,66 euros. Igualmente acuerda el decomiso de las «dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz, por 1.144.724,55 euros; de las ganancias ilícitas obtenidas por Alavedra, que ascienden a 3.243.103,28 euros, así como de Prenafeta, por 5.193.170,01 euros».

A todos los acusados, los jueces les aplican la atenuante simple de «dilaciones indebidas» dada la larga duración del procedimiento, de ocho años y ocho meses hasta la fecha de la sentencia.