La Justicia prohíbe a Trump detener indefinidamente a los niños migrantes que cruzan la frontera

Una juez de Los Ángeles ha fallado este lunes contra una solicitud del Gobierno de Donald Trump para detener indefinidamente a los niños migrantes junto con sus padres o tutores legales, mientras son procesados por entrar ilegalmente al país, y así no separarlos. El fallo se ha conocido poco después de que una corte en San Diego que había ordenado al ejecutivo a reunir a familias separadas en la frontera extendiera el plazo para hacerlo.

A finales de junio, el presidente Trump echó atrás esta criticada política, que formó parte de su plan de tolerancia cero contra la inmigración, conocida por procesar criminalmente a todo indocumentado que cruce la frontera. Más de 2.300 niños fueron separados de sus familias a lo largo de varias semanas y alojados en centros administrados por el Departamento de Salud.

El juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a finales de junio que para este martes 102 niños menores de cinco años fueran entregados a sus padres y que, para el próximo 26 de julio, los mayores de esa edad. Centenares de los niños separados ya se han reunido con sus familias. Sin embargo, Sarah Fabian, abogada del Gobierno, ha anticipado que solo 54 del primer grupo estarán de vuelta en el plazo dado el 26 de julio. El Gobierno argumenta que necesita más tiempo para verificar y confirmar sus identidades, incluso con pruebas de ADN.

De ahí la solicitud del Departamento de Justicia a la jueza Dolly Gee para que revisara el acuerdo de Flores de 1997, una decisión judicial que impide a las autoridades retener a un menor indocumentado por más de 20 días. Sin embargo, la magistrada ha determinado que la solicitud presentada por el Departamento de Justicia para modificar el acuerdo de Flores carece de sustento, además de ser «procedimentalmente impropio y totalmente sin mérito».

La jueza ha señalado que la petición del Gobierno parece un «cínico intento» de trasladar responsabilidades al Poder Judicial tras más de 20 años de «inacción del Congreso» y una mala acción del Ejecutivo «que han llevado al estancamiento actual».

«Las partes acordaron voluntariamente los términos del acuerdo de Flores hace más de dos décadas. La Corte no forzó a las partes a aceptar el acuerdo ni redactó el texto contractual», ha agregado Gee en su escrito. «Los niños que son beneficiarios de las protecciones del acuerdo de Flores y que ahora se encuentran bajo la custodia de los demandantes no tienen culpa. Están sujetos a las decisiones hechas por adultos sobre los que no tienen control. En la implementación del acuerdo, sus mejores intereses deberían ser primordiales».

En total, unos 11.800 menores migrantes están actualmente retenidos por las autoridades estadounidenses tras haber atravesado ilegalmente la frontera. Cerca del 80% son adolescentes que llegaron solos al país.