La Generalitat trabaja para abrir un centro de acogida de menores sin papeles no acompañados

La Generalitat ha afirmado este viernes que está «haciendo todo lo posible» tanto para atender a los menores inmigrantes sin papeles no acompañados que llegan a Cataluña, como para poner en marcha «lo antes posible» un centro de primera acogida para que no tengan que alojarse en los juzgados. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha explicado que se ha encontrado con ciertas dificultades en torno a la ubicación del centro y que «el 155 también perjudicó».

El organismo ha respondido así a la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, que hoy ha prohibido el uso de espacios comunes de la Ciudad de la Justicia como alojamiento temporal para los menores inmigrantes no acompañados y para los tutelados por la DGAI que hayan escapado del centro designado.

La juez decana ha añadido que considera «inaceptable» que puedan llegar a estar 21 horas en espera y dormir en el suelo entre bancos. Concretamente, la magistrada ha prohibido el uso de la sala de espera y de cualquier otra estancia de la Ciudad de la Justicia desde las 20:00 hasta las 08:00.

Por ello, Mercè Caso insta a las administraciones a que, «de manera inaplazable», se pongan en marcha los mecanismos para afrontar los trámites obligados «en condiciones de respeto y dignidad», habilitando para ello espacios «adecuados y exclusivos». Fuentes de la DGAIA han explicado a Efe que, desde hace varios meses, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias trabaja «con las competencias y recursos disponibles para dar la mejor respuesta posible a la crisis humanitaria que está sufriendo el país».

«Compartimos la preocupación por la situación», han añadido los responsables de la DGAIA, recordando que en los dos últimos años han creado casi 1.300 nuevas plazas para acoger inmigrantes adolescentes sin referentes familiares que han llegado a Cataluña. También han pedido la colaboración del resto de departamentos y la del Gobierno español: «Nuestra obligación, como la de cualquier gobierno, es acoger y atender a estos jóvenes pero la gestión del flujo migratorio en las costas y a nivel interno en el Estado español es obligación del Gobierno español», informa Efe.