El PSOE está dispuesto a aceptar que la supresión de aforamientos de los cargos públicos afecte a los presuntos delitos de corrupción que estos puedan cometer en el ejercicio de su cargo, según ha asegurado la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra en una entrevista en TVE. «Nuestra propuesta es la de quitar los aforamientos a los políticos para que los delitos que se puedan cometer en el ámbito personal, pero también los delitos de corrupción, queden fueran del aforamiento», ha explicado
El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, circunscrita a cuestiones que no tuvieran que ver con el desempeño de su actividad. Sin embargo, de esta forma aquellos políticos que sean investigados por este tipo de ilícitos penales no contarían con ningún privilegio procesal. Serían juzgados por tribunales ordinarios, y no por el Supremo, y según Lastra, el PSOE acepta que sea así porque «ese es el mínimo común denominador de la Cámara», es decir, en lo que todos los grupos políticos están de acuerdo.
Sobre la propuesta de eliminar todos los aforamientos sin excepción y también la inviolabilidad del rey, ha recordado que para eso es preciso una reforma agravada de la Constitución, lo que implica la disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones y celebración de un referéndum, mientras que para el de los políticos basta con una reforma simple, es decir, con una votación que salga adelante por mayoría de tres quintos en las cámaras.
La propuesta será presentada hoy en el Consejo de Ministros y supondrá la revisión de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, sin embargo, el anteproyecto que hoy aprobará el Consejo de Ministros eliminaría el aforamiento de los cargos públicos (miembros del Gobierno, diputados, senadores) excepto cuando la investigación judicial afecte al ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo. Es decir, la reforma afectará a aquellos casos vinculados a conductas personales o hechos que no estén relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas.
