Los rectores británicos piden la prohibición de las empresas que escriben tesis a medida
Hasta 46 rectores y vicerrectores de universidades del Reino Unido han pedido al Gobierno de Theresa May que prohíba las empresas que escriben tesis y otros trabajos de los estudiantes a cambio de una tarifa, tal y como ha informado la cadena BBC.
Hasta 46 rectores y vicerrectores de universidades del Reino Unido han pedido al Gobierno de Theresa May que prohíba las empresas que escriben tesis y otros trabajos de los estudiantes a cambio de una tarifa, tal y como ha informado la cadena BBC.
En una carta al Ministerio de Educación, estos directivos de centros universitarios y estudios superiores reclaman medidas que impidan operar a estas compañías, que publicitan sus servicios con correos y mensajes a los alumnos y mediante anuncios en las cercanías de los establecimientos educativos.
La BBC explica que los firmantes argumentan que el Ejecutivo debe actuar contra las empresas –algunas de las cuales operan desde fuera del país–, puesto que las universidades ya se encargan de penalizar a los estudiantes que recurren a estos servicios, considerados una forma de plagio.
A cambio del pago de una tarifa, que varía según la extensión o la fecha de entrega, estas compañías –a veces simples páginas web– realizan el trabajo de curso exigido a los estudiantes. Al ser hechos a medida y en nombre del alumno, los textos no suelen ser detectados por el software antiplagio de los centros lectivos.
Un estudio reciente de la universidad galesa de Swansea entre estudiantes de todo el mundo indicó que un 15% de los estudiantes ha hecho «trampas» de este tipo en los últimos cuatro años, frente a una media del 3,5% de los últimos cuarenta años, de acuerdo con la cadena pública.
El secretario de Estado de Educación, Sam Gyimah, ha señalado a preguntas de la BBC que el Gobierno conservador estudia medidas para abordar el problema, como «impedir que las empresas envíen mensajes publicitarios a los estudiantes». Gyimah ha añadido que «no se descartan opciones legislativas» para impedir por ley los servicios de estas empresas, algo que ya sucede en países como Nueva Zelanda y en algunos estados de Estados Unidos.