El Gobierno nicaragüense violó los derechos humanos durante la "operación limpieza"

Las autoridades de Nicaragua «cometieron violaciones graves de derechos humanos durante la llamada «operación limpieza» destinada a eliminar barricadas con motivo de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, afirma Amnistía Internacional (AI).

Hasta el 24 de agosto, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas, afirma Amnistía Internacional. Entre las personas fallecidas 21 eran policías; 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un informe hecho público este jueves, AI asegura que el Gobierno de Ortega «intensificó su estrategia de represión» contra los manifestantes durante la llamada «operación limpieza» lanzada para retomar el control de ciudades y carreteras en manos de manifestantes.

Amnistía enumera en su informe «torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas».

«Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria», señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

«En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión», añade.

El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional.

Una de ellas fue la de Leyting Chavarría, de 16 años, que murió en la ciudad de Jinotega (norte). «Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas», señala la ONG.

Amnistía cita también el caso de Faber López, un policía antidisturbios que «presuntamente murió a manos de agentes». «Aunque el Gobierno culpó de su muerte a unos ‘terroristas’, su familia dijo que el cadáver no tenía heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día siguiente sería porque sus colegas lo habían matado», señala el documento.

Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por una fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó llamamientos a la dimisión de Ortega.