El Gobierno denuncia el "bloqueo de la pinza PP-Cs" para tramitar los presupuestos

El Gobierno no oculta su asombro y rechazo por la actitud de la “pinza” formada por el PP y Ciudadanos para impedir la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Así lo ha denunciado este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, quien ha criticado el “uso y abuso” partidista del Congreso y del Senado por parte de la oposición para bloquear y vetar la acción del Gobierno en materia presupuestaria.

“Veto y bloqueo porque no aceptan un presupuesto alternativo que mejore las pensiones y la educación, que incremente los fondos de la ciencia. Es sorprendente el bloqueo en el Congreso y el veto en el Senado”, ha subrayado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una reunión presidida por la vicepresidenta, Carmen Calvo, en ausencia del presidente Pedro Sánchez, y en la que se ha dado luz verde a los anteproyectos de ley que regularán el nuevo impuesto a transacciones financieras, el gravamen sobre determinados servicios digitales y las medidas para reforzar la lucha contra el fraude, ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha recalcado que se trata de «una prueba de nuestro compromiso con la senda de estabilidad”.

“Parece que el nuevo líder del PP (Pablo Casado) ha puesto a su servicio a las presidencias del Congreso y del Senado”, lo que supone “un acto de irresponsabilidad política”, y “le instamos a que haga oposición responsable”, ha declarado Celaá.

También ha arremetido contra Ciudadanos y su presidente Albert Rivera por “hundir en un fango de insultos” la política. A los líderes de los dos partidos, el Gobierno les pide “que hagan política de altura, política de Estado”. “La actuación de Pablo Casado yendo a Europa no es una actitud digna de consideración política, no está siendo leal a los intereses de la ciudadanía española”, ha añadido. El Gobierno, en todo caso, confía en la solidez de las relaciones de España y Europa para que “esta actuación de inmadurez política” de Pablo Casado no tenga ningún efecto.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado la actitud del PP, recordando que “jamás cumplió con el objetivo de estabilidad” cuando gobernaba. “Me cuesta entender que una formación democrática diga a bombo y platillo que va a hacer lo posible para impedir que se tramite el proyecto de presupuestos. Es realmente triste escuchar esto por parte del líder de la oposición”.

Los tres anteproyectos de ley que recogen nuevas medidas fiscales se enmarcan en el plan presupuestario que incluirá las cuentas del Estado para 2019 y que ha sido pactado por el Gobierno con Unidos Podemos.

La ley de lucha contra el fraude supondrá la limitación del uso de efectivo a 1.000 euros para los pagos entre empresas y profesionales, sin que afecte a los pagos entre particulares.

Se reforzará la lista de morosos con la Agencia Tributaria, se prohibirá expresamente la posibilidad de hacer amnistías fiscales en el futuro y se ampliará la lista de paraísos fiscales para incluir a aquellos países que no mantienen unos estándares fiscales mínimos.

La regulación del impuesto de transacciones financieras incluirá un tipo del 0,2% para las operaciones de compraventa de acciones españolas de empresas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones.

La norma que regula el nuevo impuesto sobre servicios digitales contemplará un gravamen del 3% que se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen a partir de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo.

“Ante las críticas apocalípticas, el Gobierno afirma que el plan presupuestario es una medida de responsabilidad”, y «por cada medida social hay una medida de ingresos», ha asegurado la ministra Montero. Por eso, el objetivo es construir una nueva fiscalidad y un sistema tributario mas equilibrado e igualitario combatiendo el fraude fiscal.

En este sentido, ha indicado que se trata de medidas solicitadas por los ciudadanos en las encuestas y supone, por tanto, acciones que incluyen «impedir las amnistías fiscales para que no se repita la medida vergonzosa del Gobierno del PP en 2012». “Una amnistía fiscal es un agravio para todos los contribuyentes”, ha añadido Montero.

Se amplía también la lista de paraísos fiscales para países que presenten una especial opacidad. El texto afectará también a la lista de morosos, que incluirá a los colaboradores y pasará de un millón de euros a 600.000 la cantidad para formar parte. El Gobierno prevé ingresar 828 millones de euros con estas medidas.

Habrá, además, un mayor control tributario de las criptomonedas, con nuevas obligaciones sobre la tenencia de monedas virtuales que deberá informarse a la agencia tributaria, y también estarán obligados a informar los contribuyentes que tengan monedas virtuales en el exterior.

En cuanto al impuesto del 0,2% de transacciones financieras que se prevé, afectará sobre el intermediario financiero y los ingresos generados serán de unos 800 millones de euros que permitirán financiar el servicio público de pensiones.

Respecto al impuesto sobre determinados servicios digitales, el Gobierno destaca que España será el primer país en aprobarlo y se estima que permitirá recaudar 1.200 millones.