El juez Marchena rechaza ser apartado del caso del procés y proclama su independencia

El magistrado Manuel Marchena ha proclamado su independencia para juzgar el caso del procés en su escrito de alegaciones contra la recusación presentada por los procesados en la causa para apartarle del juicio, y afirma que jamás concibió el ejercicio jurisdiccional como instrumento al servicio de una opción política.

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y que presidirá el tribunal que juzgará a los acusados por el proceso independentista de Cataluña, ha presentado en el alto tribunal un escrito de alegaciones contra dicha recusación presentada por ocho procesados que consideran que tiene vínculos con el PP. La recusación deberá ser resuelta por la denominada Sala del 61 del Supremo, formada por el presidente del Supremo y los presidentes de cada una de las cinco salas del alto tribunal, excluyendo el recusado, y los magistrados más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconseller Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Omnium Cultural,  Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament catalán Carmen Forcadell y la exintegrante de la Mesa del mismo Anna Simó, habían pedido  recusar al juez Manuel Marchena tras el “escándalo mayúsculo” relacionado con los mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado,Ignacio Cosidó.

Todos ellos denunciaban “falta de imparcialidad” judicial, a raíz de las informaciones sobre el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras la difusión de este mensaje Marchena anunció que renunciaba a presidir el Consejo General del Poder Judicial como habían acordado el PSOE y el PP en las negociaciones para la renovación de este órgano.

«La imparcialidad de un magistrado ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones y no puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias», escribe Marchena.