El PSOE propone multas para los clientes de prostitución y penas de cárcel si es con una menor

El PSOE propone castigar a los clientes de la prostitución con una sanción económica y con pena de cárcel en el caso de que la prostituta sea menor de edad, en un documento que ha entregado al Gobierno para que sirva de base a la futura ley contra la trata. Actualmente, la prostitución es alegal en España y con esta propuesta la demanda pasaría a ser ilegal.

Así lo ha confirmado Altamira Gonzalo, presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE, el órgano encargado de elaborar el documento, llamado Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual. Gonzalo ha explicado a Efe que la propuesta «ha tenido buena acogida por parte del Gobierno», con lo que a partir de ahora tendrán que «trabajar de manera eficaz» para que se pueda aprobar la ley.

La propuesta persigue “erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata con fines de explotación sexual«. Todo el documento gira en torno a la protección de las víctimas y en ningún momento las prostitutas son consideradas culpables o sancionadas.

En el documento, adelantado este viernes por El País, el PSOE propone también desarrollar de «manera pormenorizada» la atención a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y catalogar a éstas, así como a las mujeres que ejercen la prostitución, como víctimas de violencia de género.

Esa calificación implica, según Altamira Gonzalo, que las afectadas se puedan acoger a los mismos recursos que las víctimas de maltrato, tales como casas de acogida o atención psicológica. No obstante, Gonzalo ha precisado que se trata solo de una propuesta de un grupo de expertos que está en fase preliminar.

La propuesta socialista de establecer multas económicas a quien pague por mantener relaciones sexuales está en sintonía con la normativa francesa aprobada en 2016 y con los modelos de otros países.

Además, según recoge El País, la normativa en estudio obligaría a cerrar todos los burdeles en España, previa sentencia, de manera temporal, con un máximo de cinco año, o definitiva.

Gonzalo ha considerado que sería muy importante sacar adelante la ley y ha confiado en que se produzca el consenso necesario para ello, ya que se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno anterior en el Convenio de Estambul y también forma parte de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.