Los presupuestos de 2019 contemplan un aumento del 6,2% para las Comunidades respecto a 2018

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que será presentado el lunes en el Parlamento para su tramitación. El Gobierno, que ya ha anunciado que quiere negociar con todos los partidos las cuentas del Estado, contempla un incremento del 6,2% para las Comunidades Autónomas respecto a 2018, con una «importante inversión para Cataluña», como gesto para lograr el apoyo del PDeCAT y ERC, partidos que siguen sin aclarar su posición en la votación final de los PGE.

Estos presupuestos se asientan en tres supuestos: «equilibrio, convivencia y unión», ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá. “Son unos presupuestos para caminar hacia adelante, para huir del pasado en blanco y negro, son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior gobierno, para blindar el Estado del bienestar, y con los que van a ganar los estudiantes, los mayores, los jóvenes, la clase media; además, van a habilitar derechos y libertades que se empiezan a cuestionar por otras fuerzas políticas nostálgicas», ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.

Son, además, ha añadido, unos presupuestos que «amparan y defienden a la vez el diseño territorial que establece la Constitución Española, no se trata, por tanto, de división ni centralismo, sino de apoyo a las Comunidades Autónomas para fortalecerlas y no debilitarlas». 

Pero son, ante todo, unos presupuestos sociales, con el 57,3% del total, según ha destacado, por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así, se destinan 8,7 millones para pensionistas, mientras que el 12% del presupuesto se dedicará a políticas para la reducción de la pobreza. La lucha contra la violencia de género recibirá 220 millones, 20 millones más que en los presupuestos del 2018.

«El presupuesto contempla las mayores partidas de la historia» a cuestiones sociales, pero es también un presupuesto que «impulsa la productividad para potenciar un crecimiento económico sólido y hacer de España un país más moderno, más competitivo», ha resumido la ministra de Hacienda.

En cuanto a la financiación territorial, aumenta en 7.859 millones de euros, un 6,2% más para las Comunidades Autónomas, y un 7,6% más para las entidades locales.

Aunque la ministra de Hacienda no ha querido especificar el reparto por Comunidades, algo que hará el lunes en el Congreso de los Diputados, sí ha admitido que «la partida prevista cumple con el Estatuto de Cataluña«, lo que supone en torno a 800 millones de euros, pero también – ha precisado – «cumple con otras Comunidades». No significan, por lo tanto, «ninguna contrapartida» para el Gobierno de la Generalitat, sino simplemente «el cumplimiento de la ley», ha subrayado Montero, quien se ha mostrado optimista respecto al apoyo de los partidos catalanes al documento del Gobierno.

ERC ya ha anunciado que el apoyo a los PGE no dependen sólo de una mayor inversión en la comunidad autónoma, sino en gestos políticos que tienen que ver con los políticos presos por el procés y las aspiraciones soberanistas del partido republicano.

La mano tendida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a todos los partidos, incluidos Partido Popular y Ciudadanos – que ya han anunciado su negativa a votar a favor de los presupuestos salvo que los socialistas «rectifiquen» – incluye a Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias firmó un pacto sobre los PGE con Sánchez en diciembre. Sin embargo, la formación morada ha expresado su descontento por la ausencia de algunas de sus exigencias en el proyecto tras conocer el borrador con los ingresos y gastos previstos que Moncloa envió a Bruselas a finales de año.

«Estos presupuestos, cuanto más aliados tengan, pues mucho mejor», ha dicho Montero.

Uno de los problemas para el Gobierno es que, tras el rechazo en el Senado de la senda de déficit, tendrá que ajustarse a la actualmente vigente, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esto fuerza a ajustar a la baja el techo de gasto informado en julio a las Cortes, que se elevó un 4,4 % hasta 125.064 millones de euros.

Para el Estado se trata solo de una décima de diferencia, lo que obliga a restar unos 1.200 millones de gasto que podrían repercutir en un menor crecimiento de la inversión estatal, según advirtió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de la senda de déficit en el Senado hace dos semanas.

A ello se suma el menor crecimiento previsto para este año, que el Gobierno rebajará una décima, del 2,3% al 2,2%, lo que podría influir en los ingresos inicialmente calculados para 2019, ha indicado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.

De esta forma, el presupuesto se elabora con una meta de déficit del 0,3% del PIB para la Administración Central y del 0,9% para la Seguridad Social, dentro del objetivo global para el conjunto de las administraciones del 1,3.

El Gobierno ha actualizado el cuadro macroeconómico para acompañar al presupuesto de 2019 desde el «principio de prudencia tanto en cuanto a los impuestos como a consecuencias de política económica», ha explicado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, quien ha subrayado que «la economía española sigue en una senda crecimiento sólido, que el Gobierno espera que se mantenga en 2019″.

La previsiones macroeconómicas responden al hecho de que los PGE se han ajustado a la senda de déficit del 1,3%, ha manifestado Calviño.