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Puigdemont amplía al Reino de España su denuncia en Bélgica contra Llarena

Con este movimiento los abogados de Puigdemont aspiran a que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Puigdemont amplía al Reino de España su denuncia en Bélgica contra Llarena

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, junto con sus exconsejeros también huidos de España a fines de octubre de 2017, ha ampliado al Reino de España su denuncia ante la justicia belga contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que instruyó la causa del 1-O.

Así se recoge en las conclusiones de los demandantes, todos ellos perseguidos por la justicia española por su presunta responsabilidad en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, presentadas esta semana ante el Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas, documentos de la acusación a los que ha tenido acceso la agencia Efe.

Con este movimiento los abogados del expresidente catalán aspiran a que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el texto, los abogados belgas del expresidente de Cataluña acusan al Reino de España de cometer «violaciones sistémicas» del derecho europeo contra la «minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho».

Los abogados señalan que, dado que los actos que denuncian constituyen «violaciones» del derecho de la UE, se puede reclamar responsabilidad al Reino de España y a sus órganos y señalan «el principio de la responsabilidad civil de los Estados miembros por el cargo de una violación del derecho de la UE.

Entre las razones evocadas por la acusación contra Llarena y España se describen órdenes de detención y entrega europeas «abusivas» y el hecho de que se les negara declarar por videoconferencia cuando fueron citados por la Justicia. También argumentan que la orden de detención dictada en España atenta contra la libre circulación de los cinco reclamados y también vulnera el principio de ciudadanía europea, en tanto en cuanto no les permite regresar a su país.

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