La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por no retirar los lazos amarillos

La Fiscalía ha pedido un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña de las elecciones municipales y las europeas del 26 de mayo.

Además, en su escrito de acusación la Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cataluña que multe al presidente de la Generalitat con 30.000 euros.

Respecto a la inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de “ámbito local, autonómico, estatal o europeo”, la Fiscalía pide al TSJC que lo aplique y que conlleve la “privación definitiva” del cargo público que ocupara Torra y de los “honores que le sean anejos”.

La Fiscalía acusa a Torra de “evidenciar su desprecio” a acatar la orden que la Junta Electoral Central dictó el 11 de marzo, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos, para que quitara los lazos y «esteladas» de los edificios públicos durante la campaña, elementos que finalmente acabó retirando, aunque lo hizo fuera de plazo.

Pese a la «claridad» de la orden y que debía ser cumplida «sin excusa si pretexto» por ser firme, añade la Fiscalía, Quim Torra «decidió desatenderla» y presentó un escrito en el que pedía a la Junta que reconsiderara el acuerdo adoptado, al tiempo que, en una aparición pública en Tarragona, «manifestó su negativa a retirar la simbología aludida».

Tras otro acuerdo de la Junta Electoral Central el 18 de marzo, que ordenaba de nuevo la retirada de los lazos amarillos y que Torra pidió suspender alegando la “supuesta imposibilidad” de cumplirla, la Junta Electoral adoptó el 21 de marzo un nuevo acuerdo en el que ordenaba al Departamento de Interior que los Mossos d’Esquadra retiraran los símbolos independentistas, un requerimiento al que se dio cumplimiento sin incidencias, señala es fiscal en el escrito.

En un auto del 27 de junio, el magistrado del TSJC Carlos Ramos, al que Torra ha pedido que aparten del caso por una “absoluta falta de imparcialidad”, dejó al presidente de la Generalitat a un paso de juicio, al concluir que tenía «perfectamente» a su alcance la posibilidad de cumplir los mandatos de la Junta Electoral Central y que, pese a ello, «optó por persistir en la desobediencia» por su «clara voluntad obstativa a su cumplimiento».

La petición por desobediencia a que se enfrenta Torra supera la condena a un año y un mes de inhabilitación que el Supremo impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas, por mantener el referéndum del 9N de 2014 pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.