Esta ley es una de las decenas que han sido anuladas por orden del general Prayut Chan-O-Cha, primer ministro desde las controvertidas elecciones legislativas de marzo. Desde su golpe de Estado de 2014, unas 2.000 personas han sido juzgadas por tribunales militares por tener opiniones contrarias a la junta o por crímenes de lesa majestad, un delito que puede ser castigado con varios años de cárcel en el reino.
Aún así, los militares seguirán conservando el derecho a llevar a cabo registros sin orden y a detener en secreto a cualquier persona que infrinja normas que afecten a la «seguridad nacional», una hecho que preocupa a las ONG de defensa de los derechos humanos.
«Parece que la junta no está segura de poder mantener el control con reglas democráticas, así que se guardan una carta» para poder arrestar a cualquiera, sobre todo en el caso de grandes manifestaciones de la oposición, según ha explicado Anon Chawalawan, de la ONG de juristas ILaw, entrevistado por la AFP este miércoles. Ha denunciado que «los militares todavía pueden convocar a la gente de forma arbitraria, detenerlos durante siete días y registrar sus domicilios«.
