La CIDH eleva a 23 los muertos y a 715 los heridos en la crisis de Bolivia
Un decreto del Gobierno provisional de Bolivia exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad»
Reuters
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre.
La CIDH ha explicado en Twitter que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de que «desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas».
🔴 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 17, 2019
Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.
No obstante, Evo Morales, que está asilado en México, ha escrito en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son 12, sin citar fuentes.
El 15/XI/1781 el yugo español ejecutó a Tupac Katari por pedir libertad. El 15/XI/2001, Tuto Quiroga asesinó a 3 cocaleros por reclamar soberanía. Ayer, 15/XI/19, la dictadura de Mesa, Camacho y Áñez mató a 12 hermanos por exigir democracia. La historia se repite.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 17, 2019
Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha expresado en la misma red social que «duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz».
Duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz!
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 17, 2019
Áñez y Morales se han cruzado reproches por la violencia en Bolivia, donde policías y militares mantienen desde el pasado lunes operativos conjuntos para mantener el orden.
La CIDH ha denunciado un decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».
El Ejecutivo de Áñez ha respondido que no supone una «licencia para matar» y se enmarca en la Constitución y las leyes del país.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha advertido de que recibe denuncias «sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos» por parte de la Policía. «Es importante que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones».
Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El que fuera presidente del país durante casi 14 años anunció el pasado domingo su renuncia tras un informe de la Organización de Estados Americanos sobre graves irregularidades en los comicios, lo que sumió al país en el caos.
Morales salió al día siguiente hacía México y el martes pasado Áñez, una senadora hasta entonces opositora, asumió el poder de forma provisional hasta unas nuevas elecciones, informa Efe.
