La RAE resuelve que la Constitución es inclusiva y "gramaticalmente impecable"

La RAE remitió este fin de semana el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución Española a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y ha aguardado a este lunes, con el consentimiento de Moncloa, para hacer públicas sus conclusiones. Ante la prensa, Santiago Muñoz Machado –presidente de la Academia– ha presentado el documento de 155 páginas y ha anunciado que sus 47 académicos –39 hombres y ocho mujeres– aprobaron el pasado jueves por unanimidad un documento que comprende que la Carta Magna es “gramaticalmente impecable”, inclusiva en sus términos masculinos y acorde con el uso actual del español.

Eso sí, la RAE –que agradece a Calvo la confianza en la institución para tal cometido– considera que se pueden hacer algunas mejores en su redacción si en un futuro se abre la vía de la reforma constitucional. Unas mejoras que, en cualquier caso, no interpretan como urgentes. Por ejemplo, en el primer punto del artículo 30 se establece que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. La RAE sospecha que, cuando se redactó, el término “españoles” atañía únicamente a los varones.

Otro ejemplo: el artículo 39. “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad”. Se hace alusión a los madres, cuando sería más correcto integrar tanto a las madres como a los padres, y tanto a los hijos como a las hijas. Como vemos, la Academia interpreta la capacidad inclusiva de las palabras en función del contexto en que se encuentran. En tales casos es preferible, comprenden, evitar la confusión.

Dos ejemplos más, uno que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y otro que no. El primero, que dado que la sucesora de Felipe VI en la jefatura del Estado será presumiblemente una mujer, sería preciso adaptar el artículo 58 para que –esta vez sí– haya un desdoblamiento en el lenguaje. Este apartado dice que “la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia”. Paralelamente, recomienda que se amolde el texto a los tiempos y se incluyan fórmulas coordinadas como “príncipe o princesa” El segundo ejemplo tiene que ver con la denominación “disminuido psíquico”, que la RAE recomienda que se sustituya por “discapacitado”. Aunque, cierto es, algunas asociaciones fomentan el uso del concepto “persona con diversidad funcional”.

Muñoz Machado ha explicado que, paralelamente a la investigación centrada en el texto en sí mismo, han analizado las constituciones de países hispanoamericanos como México, Chile o Venezuela –este último incluye el desdoblamiento en cada uno de sus puntos y el director de la Academia ha procedido a leer un artículo de la misma para demostrar hasta qué punto se hace pesada su lectura– y vecinos europeos con lenguas romances como Francia, Italia o Portugal. Y que tras sus indagaciones han ratificado su postura.

Así que Muñoz Machado ha insistido en que la Academia no sigue principios “androcéntricos” ni es cosa de “machos”, y está incluyendo constantes modificaciones en su funcionamiento interno y en las sugerencias para el uso correcto del castellano. Esto es, que al tiempo que han introducido cambios en el Diccionario en numerosas definiciones, como herrero –de “hombre que…” a “persona que…”– o alcaldesa –antes era la mujer del alcalde, ahora es la mujer que ostenta el cargo–, tienen la vocación de feminizar progresivamente la institución.

Ya en el turno de preguntas, el director de la Academia ha resuelto algunas dudas de interés. La primera, que la vicepresidente no ha aportado ninguna observación sobre el informe, que se ha cocinado durante meses –en gran medida porque la RAE ha esperado a que se conformara un Gobierno central–. La segunda, que las ocho mujeres de la Academia han apoyado la interpretación del documento. La tercera, que en caso de que se desatiendan las recomendaciones de los expertos, no tendrán “nada que decir”. Y un paso más lejos: si los líderes políticos se empeñan en seguir empleado términos gramaticalmente incorrectos durante sus comparecencias públicas, la RAE tendrá «poco que decir».