La Fiscalía pide ocho años de cárcel a Ignacio Gonzalez por fraude y malversación de caudales públicos
Según el escrito de la Fiscalía, González se repartió unos cuatro millones de euros en comisiones ilegales
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Lezo una pena de ocho años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao.
Según el escrito de la Fiscalía, González se repartió con otras personas 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros- en comisiones ilegales con cargo al sobreprecio que se pagó por la citada empresa. El Ministerio Público atribuye a González los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
El expresidente de la Comunidad de Madrid se ocultaba bajo el apodo de ‘Conde’ y cobró en concreto 1,8 millones de dólares a través de una sociedad panameña, de acuerdo con las investigaciones. La Audiencia Nacional, reclama también 19 años de inhabilitación para González.
Pide además siete años de prisión y dieciséis de inhabilitación para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y para el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, acusados como González de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada.
Para el que era propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, solicita seis años y medio de prisión; para la exdirectiva del Canal María Fernanda Richmond, cinco años por malversación; y para el exgerente de la empresa Triple A Ramón Navarro y el exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias, dos años de prisión y cinco de inhabilitación.
Según el relato de la Fiscalía, el proceso de compra de Emissao, que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014, «estuvo plagado de ilicitudes» y supuso una salida indebida de fondos públicos de entre 6,8 y 9,7 millones de euros.
El Ministerio Público reclama a los acusados que indemnicen al Canal, conjunta y solidariamente, con unos dos millones de euros, después de que se devolviese la mayor parte del dinero. El sobreprecio en la compra de la entidad brasileña se pagó «de acuerdo con el plan ideado» por González, que presidió el Canal entre 2003 y 2012, antes de presidir la Comunidad (2012-2015), Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro.
La actuación de los siete procesados, resume la Fiscalía, «permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos en su beneficio exclusivo y en detrimento económico» del Canal y de la administración autonómica. Según el relato del Fiscal, fue Moro quien propuso a González la compra de Emissao junto a Essentium, empresa en la que él trabajaba, y que se hiciera con un sobreprecio para repartírselo después en comisiones.
El expresidente madrileño «aceptó el plan propuesto en consciente perjuicio de la administración autonómica» y encomendó la gestión a Rodríguez Sobrino, que presidía Inassa, sociedad a través de la cual el Canal ejecutaba su política de expansión internacional.
