La nueva ley por el clima blindará las zonas urbanas de bajas emisiones
El texto indica que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida
El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que las zonas urbanas declaradas de bajas emisiones[contexto id=»381730″] puedan revertirse, porque «cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes». El nuevo borrador de dicha ley establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y amplía las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad.
El texto del anteproyecto de ley ha sido presentado este lunes por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
El borrador, que previamente ha sido sometido a información pública para incorporar alegaciones y que será visto también por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Estado, fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección ambiental. Además como novedad, el texto indica que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida.
Según la ministra, las zonas de bajas emisiones en las ciudades son «fundamentales» por razón de salud pública, ruido, y otras, y por ello, desde el Gobierno se ha optado por «endurecer» las disposiciones, a la vista de los comentarios de la consulta pública. Ribera ha ratificado su compromiso de llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático tras haber anunciado en su primera intervención al frente del nuevo Gobierno que lo haría en sus primeros cien días de mandato. «La fecha se prevé para mediados de marzo«, ha precisado la ministra Ribera, quien ha señalado su interés por que este borrador llegue «cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento (del mismo) por parte de los grupos parlamentarios».
Ha añadido que otro de los grandes ejes de la nueva ley será «el mapa informativo de puntos de recarga de vehículos eléctricos«. Para favorecer la expansión de ese transporte el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.
El anteproyecto establece además la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida de 50 kW en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata del 9% del total de la red de gasolineras.
Ribera ha dicho también que el Gobierno «se limitará a acompañar las decisiones del marco comunitario» y las limitaciones temporales de las directivas europeas sobre la venta de vehículos con motor de combustión que emitan gases de efecto invernadero. La ministra se ha referido asimismo a una estrategia de economía circular, «un gran acicate» para la modernización de un sistema dirigido al desarrollo sostenible. Ha señalado que este anteproyecto mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
