El PP y Cs votan la iniciativa de Vox de retirar las competencias penitenciarias a Cataluña
La iniciativa no ha salido adelante al cosechar 192 votos en contra, a pesar de haber obtenido el visto bueno del PP
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado una moción impulsada por Vox y apoyada por el PP y Ciudadanos para retirar las competencias penitenciarias a Cataluña y derogar el artículo del reglamento penitenciario mediante el cual se han autorizado las salidas de varios de los presos del procés.
La iniciativa no ha salido adelante al cosechar 192 votos en contra, pero ha obtenido el visto bueno del PP a pesar de que Vox ha desechado su enmienda y le ha reprochado su «hipocresía parlamentaria» de defender ahora lo que ignoró durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Porque la moción de Vox, consecuencia de la interpelación al Gobierno de la pasada semana, pedía la retirada de las competencias penitenciarias a Cataluña, frenar el proceso de traspaso de esas mismas competencias al País Vasco, mantener la política de dispersión de presos de ETA y eliminar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha defendido una iniciativa que a su juicio intenta evitar el debilitamiento del Estado de Derecho ante los «golpistas», mismo término que ha utilizado la diputada del PP Llanos de Luna.
A juicio de los grupos que han apoyado esta iniciativa, los servicios penitenciarios de la Generalitat han hecho un uso fraudulento del 100.2 para permitir la salida de los presos del procés, con la «connivencia» del Gobierno central.
Desde el PSOE, José Zaragoza ha atribuido esta iniciativa a la «conspiración judeomasónica de tiempos modernos» que difunde Vox, en la que participarían incluso el Tribunal Supremo, los funcionarios de prisiones, la Fiscalía y los jueces de vigilancia penitenciaria.
Ha aprovechado Zaragoza para recordar que fue con el PP, socio de Vox en varias comunidades, con el que se cambió la política penitenciaria tras el final de ETA y con el que se celebraron «dos referendos ilegales» en Cataluña.
No han sido las únicas críticas que han recibido los autores de la iniciativa, a quien Aitor Esteban, del PNV, ha reprochado querer saltarse la ley y, según la propia lógica que aplican a los dirigentes soberanistas, eso los convierte en «golpistas».
Desde Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas ha confiado en que los presos no cumplan íntegramente sus condenas porque el Congreso tenga la valentía suficiente para derogar el delito de sedición por el que fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años.
Cuevillas y la diputada de ERC Montserrat Bassa han vinculado a los impulsores de la moción con el franquismo y el fascismo, en tanto que Jaume Asens, de Unidos Podemos-En Comú Podem, les ha reprochado que se enfaden cuando se aplica el 100.2 a los presos del procés, pero callen cuando quien se beneficia del reglamento es Iñaki Urdangarin o cuando los condenados por el 23-F -«sus amigos»- salieron tras pocos años de condena.
