La fiscalía pide archivar la causa del 8M
El ministerio público entiende que «los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria»
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido hoy al juzgado que investiga la causa del 8M contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que archive el caso, ha informado el ministerio público en un comunicado.
El delegado del Gobierno estaba acusado de prevaricación. La causa se había abierto contra él por autorizar la celebración de la manifestación del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo a pesar de que «el 2 de marzo de 2020 el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había emitido un informe enviado a todos los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea en el que instaba a estos a considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales», señala la fiscalía. La acusación señalaba que Franco habría evitado numerosos contagios de COVID-19 de haber vetado el evento.
Sin embargo, el ministerio público entiende que, “a los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”. Es por ese motivo que no considera «razonable» exigir al acusado la cancelación del evento por motivos sanitarios “cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.
Además, la fiscalía da importancia al hecho de que no fue hasta el 11 de marzo, tres días después de la celebración de la marcha feminista, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como pandemia. «La declaración por la OMS de la COVID-19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil”, concluye la fiscalía.
