La Fiscalía rebaja de rebelión a sedición su acusación contra Trapero
Además, ha ofrecido como alternativa al tribunal poder condenarle por desobediencia, que no conlleva cárcel
El fiscal ha anunciado este lunes la rebaja de su acusación al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero de un delito de rebelión, por el que le pedía 11 años de cárcel, a 10 años por sedición. Además, ha ofrecido como alternativa al tribunal poder condenarle por desobediencia, que no conlleva cárcel.
El juicio contra Trapero y los demás acusados, que comenzó el 20 de enero y que se ha retomado este lunes tras el parón por el coronavirus[contexto id=»460724″], continuará el próximo lunes, día 15, con las conclusiones de las defensas, que reclamarán la absolución, y la exposición del informe del fiscal para sostener su acusación.
La decisión de retirar la acusación por el delito de rebelión en consonancia con la sentencia del procés, además de a Trapero, beneficia a los otros dos acusados por ese delito y que también se enfrentaban a 11 años de cárcel: el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-.
De este modo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reducido su petición de pena para estos tres acusados dejándola en 10 años por sedición o como alternativa 10 meses de multa a una cuota de 200 euros diarios por desobediencia e inhabilitación para cargo público, mientras que para la tercera acusada, la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana, ha mantenido su petición de cuatro años por sedición o cinco meses de multa e inhabilitación por desobediencia.
En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal asegura que Trapero y Laplana «cooperaron de forma decisiva» con los fines perseguidos por las instituciones catalanas en las manifestaciones del 29 de septiembre de 2917, y por las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes, conocidos como los Jordis, se encuentran en prisión por estos hechos.
Esa colaboración que el fiscal les atribuye consistió en impedir «el desarrollo de la diligencia judicial», «propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil».
A Trapero le acusa además de haber diseñado «de forma deliberada unos mecanismos de actuación» para impedir que los agentes bajo su mando pudieran cumplir «con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» en contra del 1-O. Considera además que hizo una «utilización ilícita» para «informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando» a los políticos independentistas.
Respecto a Pere Soler, el fiscal sostiene que dio «cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum», mientras que a César Puig le acusa de alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del procés.
