El Gobierno da luz verde a la ley de protección a la infancia
Con el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, las víctimas podrán denunciar abusos sexuales hasta que cumplan 30 años
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la anteriormente conocida como Ley Rhodes. La intención del Gobierno era tramitar cuanto antes la aprobación de la ley, que ha sufrido retrasos y modificaciones. Ahora, el texto debe ser tramitado en el Congreso.
La ley de protección a la infancia incluye un amplio catálogo de medidas. Con esta ley, cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor deberá comunicarlo a las autoridades. Este deber será más exigente para aquellas personas que trabajan habitualmente con niños, como cuidadores o maestros. En los centros escolares habrá a partir de ahora una nueva figura: el coordinador de bienestar y protección, que vigilará los protocolos de actuación frente a indicios de violencia.
La ley trata de adaptarse a los nuevos hábitos de los menores de edad, cada vez más habituados a usar Internet, y a edades más tempranas. En consecuencia, en el ámbito digital también se cometen delitos que esta ley perseguirá, como la incitación a cometer infracciones sexuales, la promoción de trastornos alimenticios o la incitación al suicidio. Este último delito estará penado con prisión de uno a cuatro años.
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que confía en que las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios puedan completar esta nueva ley. Iglesias, cuyo ministerio ha redactado la norma junto a los de Justicia e Interior, también ha perdido perdón a las víctimas para las que la normativa llega tarde.
El Gobierno también acometerá una reforma del Código Penal para proteger a los menores. Esta reforma pasará por incluir la edad como causa de discriminación en los delitos de odio. La reforma también incluye la exclusión social y la aporofobia, es decir, la discriminación a las personas pobres.
Otra de las medidas que introduce la ley es la obligatoriedad de la privación de la patria potestad a los penados por homicidio o asesinato en dos supuestos: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera su hijo. «Un asesino machista jamás puede ser un buen padre y, por lo tanto, no tiene derecho a la patria potestad», ha asegurado Iglesias.
Con el objetivo de evitar la impunidad, la nueva normativa permitirá que las víctimas puedan denunciar los abusos sexuales hasta que cumplan los 30 años y no hasta los 18 como ocurre ahora. Asimismo, se prohíbe la publicidad que pueda provocar en menores conductas violentas y se endurecen las condiciones para que los agresores tengan beneficios penitenciarios.
La ley incorpora una definición amplia de violencia y convierte a la infancia en un bien colectivo de especial protección. El objetivo, tal y como han apuntado miembros del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es implicar a toda la sociedad para que la protección de los niños y niñas sea integral.
