El Pleno del Congreso ha votado de manera casi unánime para impulsar una ley que reconozca e investigue el robo de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia.
Lo más importante: el texto de la iniciativa incluye medidas como la creación de una fiscalía especializada, la apertura de archivos, que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas y que se creen un banco de ADN y un censo únicos. Asimismo, solicita que se ponga en marcha una Comisión por el derecho a la identidad y que las víctimas puedan acceder a la justicia gratuita y dispongan de apoyo y mediación psicológica y médica.
La proposición de ley de bebés robados, impulsada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y respaldada por 17 asociaciones de bebés robados, ya consiguió por unanimidad que el Congreso la admitiera a trámite en 2018, pero decayó por la convocatoria de elecciones. En esta ocasión, a falta de la votación final, todas las formaciones del arco parlamentario han mostrado su apoyo a la proposición de ley, a excepción del grupo de Santiago Abascal, quien lo tilda de invento.
Vox ha declarado que la proposición de ley se trata de «una campaña de propaganda» liderada por medios de comunicación de izquierdas para «sentar al franquismo en el banquillo”. El grupo mantiene: «No se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen».
El resto de grupos ha arremetido contra las afirmaciones de Abascal y ha alegado que es «una de las intervenciones más vergonzosas y crueles» de la legislatura y que «solo les ha faltado justificar el robo de bebés».
La mayoría de grupos ha manifestado que esta «tragedia» tiene «unas proporciones descomunales», las cuales oscilan entre los 30.000 bebés robados señalados en un auto de la Audiencia Nacional hasta los 300.000 registrados por las asociaciones, que claman por tener una ley que busque la verdad, la justicia, la reparación y la investigación de «una de las páginas más negras del franquismo y de su epílogo en la democracia», como la han calificado varios grupos.
La tramitación de la ley saldrá adelante con el apoyo del PP, quienes han mencionado las medidas que impulsó Mariano Rajoy para solucionar un “asunto muy grave” y han abogado por no utilizar este problema con fines partidistas ni propagandísticos.
El PSOE, en su defensa de la propuesta, ha destacado que la norma declara el robo de bebés como un «crimen de lesa humanidad» para que «no prescriban» los delitos y «haya sujetos obligados a que abran archivos y cajas donde figuran quiénes fueron los autores y quiénes lo llevaron a cabo».
Unidas Podemos ha recordado que hay personas que llevan «años de juzgado en juzgado intentando que se haga justicia» y el PNV ha advertido de «las dificultades de las víctimas para acceder a los archivos e historias clínicas».
Ciudadanos, por su parte, ha calificado la trama de bebés robados como «uno de los episodios más desagradables de la historia de nuestro país» y ERC lo ha detallado como «una red entre hospitales, iglesias e instituciones que simplemente daban a quienes podían pagar los niños que querían».
