El juez del 'caso Dina' denuncia una "campaña de intimidación" por parte de miembros del Gobierno
El magistrado ha sido víctima de una campaña de acoso en redes sociales tras pedir al Supremo que investigue a Pablo Iglesias por su presunta implicación en el caso
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha denunciado este jueves que está recibiendo “amenazas de muerte” en redes sociales tras haber pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por su posible implicación en el polémico ‘caso Dina’. Para ello, el juez ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito en el que denuncia esta campaña de “intimidación” y de desprestigio profesional “amplificada”.
García Castellón denuncia que entre quienes han impulsado esta maniobra se encuentran “algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado”. El magistrado señala también que estos miembros del Ejecutivo tratan de colocarle “intencionadamente en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.
Junto a este escrito, García Castellón también ha denunciado los hechos ante la Policía, por considerar que podrían revestir carácter de infracción penal.
El juez en todo momento realizó una exposición razonada de las causas que le habían llevado a pedir la imputación del secretario general de Unidas Podemos por revelación de secretos, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito.
Pese a ello, todo apunta a que las amenazas están motivadas por la petición realizada por el juez al Tribunal Supremo.
Un equipo a sueldo para “cargarse a jueces”
El magistrado relaciona esta campaña de acoso con las declaraciones del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la Audiencia Nacional, cuando le aseguró que el partido de Iglesias tenía “un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan” y confirmó haber recibido “amenazas de la kale borroka” de la formación morada.
Tras escuchar estas declaraciones de Calvente, en su momento, García Castellón decidió trasladar los hechos denunciados por el abogado a la Fiscalía Anticorrupción, para que investigase al grupo vinculado con Unidas Podemos que trata de incomodar a jueces que son incómodos para la formación de Iglesias.
