Moncloa aprueba los decretos contra la brecha salarial y da seis meses a las empresas para adaptarse
Juan Carlos Hidalgo | EFE
Lo más importante: la principal novedad que incluyen estos decretos es la obligación para las empresas de contar con registros salariales, una auditoría retributiva -para las compañías de más de 50 trabajadores- y un sistema de valoración de puestos de trabajo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este día como «un hito histórico». La ministra ha subrayado que «a partir de hoy se acabó que un hombre o una mujer puedan recibir retribuciones diferentes». Díaz ha considerado que estas dos normas «sitúan a España a la cabeza en materia de transparencia retributiva». A su juicio, «esto es un paso de gigante».
Los dos textos han sido acordados con las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, por parte de los sindicatos CCOO y UGT bajo el Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo, que finalmente no ha contado con la rúbrica de la patronal tras haber participado en las negociaciones.
Aprobado el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal
Además, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del software de doble uso, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.
La norma, que ha superado todos los trámites consultivos, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a celebrar elecciones anticipadas impidió su tramitación parlamentaria. En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que la lucha contra el fraude logró recaudar 15.715 millones en 2019, un 4,1% mas que un año antes.
También limitará el pago en efectivo, que bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y profesionales, no para particulares, si bien Montero ha señalado que el objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para «bajar a la mínima expresión» los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las operaciones.
Respecto a la lista de morosos que cada año publica Hacienda se bajará el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros, con la idea de promover y agilizar el pago de las deudas pendientes. Se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior.
Se ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia, y se podrá actualizar la lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación, que se incorporarían como jurisdicciones no cooperantes.
