La entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha anunciado que enviará una carta a todos los presidentes autonómicos pidiéndoles que inicien acciones legales para «garantizar la enseñanza en castellano» en Cataluña, ante la «inacción» del Gobierno
Según un acuerdo entre ERC, Unidas Podemos y PSOE, la propuesta de reforma educativa de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como lengua oficial del Estado.
En un comunicado, CCC anuncia que, «ante el hecho constatado de que el Gobierno de España no va a adoptar ninguna medida en defensa de que el castellano sea también vehicular en Cataluña», remitirá una carta a todos los presidentes autonómicos del resto de España para que «inicien acciones legales para garantizar tal derecho».
Y es que, según la entidad, esta cuestión «es de interés para todos los españoles que se desplacen desde sus comunidades a trabajar o estudiar en Cataluña», por lo que reclaman que se defienda el uso del castellano como lengua vehicular «en al menos el 25 % de las asignaturas».
Convivencia Cívica lamenta que el actual sistema educativo en Cataluña es «profundamente anticonstitucional», pero «ni PP ni PSOE han querido interponer nunca la demanda que garantizaría el fin de la inmersión lingüística», dejando que «tenga que ser cada padre quien luche judicialmente».
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, apunta en el comunicado que su entidad considera que «los presidentes del resto de Autonomías, ante la inacción del Gobierno Central, tienen pleno interés procesal en que en Cataluña se deje de vulnerar la Constitución y los derechos lingüísticos de los padres en la escuela».
«Por ello -añade Escolano-, vamos a instarles a que formulen un requerimiento a la Generalitat para que garantice que en el sistema educativo catalán se impartan un mínimo del 25 % de clases en castellano, y que interpongan la correspondiente demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si la Generalitat no da cumplimiento.”
En la misiva que enviará a los líderes autonómicos, CCC asegura que adjuntará sentencias dictadas hasta la fecha, así como informes «donde se acredita cómo afecta la inmersión a los niños castellanohablantes»; también solicitará una reunión para exponer la situación y les ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito, para que la demanda «no suponga ningún coste» para cada comunidad.
