La Comisión Europea pide que se garantice la independencia judicial en el CGPJ
El organismo comunitario ha pedido que se reduzca la influencia del poder ejecutivo y legislativo sobre un organismo como el CGPJ, para que no sea vulnerable a la politización
La polémica suscitada en España por la propuesta de los partidos del Gobierno -PSOE y Podemos- para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial ha perseguido hasta Bruselas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien llegó este jueves a la capital belga para participar en la cumbre europea.
Aunque el presidente no quiso hablar de la cuestión a su llegada a sus reuniones de este jueves, la reforma ha sobrevolado la cumbre con voces diversas. Voces que han ido desde la oposición -PP y Ciudadanos-, que condenó una vez más la reforma, hasta la propia Comisión Europea, que asegura que está atenta a la iniciativa y ha pedido que se reduzca la influencia del poder ejecutivo y legislativo sobre un organismo como el CGPJ, para que no sea vulnerable a la politización y se garantice la independencia judicial.
Y aunque el asunto ha estado en los márgenes de la cumbre no ha llegado a entrar en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, según han insistido en subrayar esta noche en Bruselas fuentes de la delegación española, que han recalcado que nadie dentro del Consejo ha pedido explicaciones o ha preguntado sobre la polémica reforma.
En Madrid, fuentes del Ejecutivo subrayaban esta tarde que el Gobierno confía en que la delegación socialista española en la Eurocámara pare en Bruselas la «ofensiva» que ha iniciado la oposición, y tildaban de «escandaloso» que partidos como los citados busquen «dañar los intereses» de España.
Mientras, en Bruselas, Sánchez ha preferido callar -mañana tiene comparecencia de prensa tras la cumbre- y centrarse en los cuatro asuntos que oficialmente discute esta reunión: Las negociaciones sobre la relación futura con el Reino Unido, los objetivos climáticos, la relación entre la UE y África y medidas conjuntas ante la pandemia como las de restricción de movilidad.
El jefe del Ejecutivo no se ha salido del guion y ha expresado su disposición a trabajar con sus colegas en estas cuatro materias, y en su declaración sin preguntas a la entrada del Consejo -a causa de la pandemia los medios de comunicación no pueden entrar- no ha hecho ninguna alusión a la polémica política que centra el debate estos días en España.
Tampoco ha querido hablar del tema antes, a su llegada a la reunión con los socialistas europeos, aunque sí lo ha hecho su compañera de partido y jefa del grupo parlamentario socialdemócrata en la Eurocámara, Iratxe García, quien ha advertido de que es «falso» que se esté cuestionando a España por la reforma dentro de las instituciones europeas.
García ha dicho que «no existe ninguna amenaza» para los fondos de recuperación y ha lamentado que haya partidos que pretendan «desprestigiar la imagen de España como país» con este asunto.
Porque la tesis de la oposición es que esta reforma va a poner en cuestión el respeto al estado de derecho en España, una de las exigencias que se negocian para el reparto de los fondos europeos.
Se ha tratado incluso de comparar esta iniciativa con los casos de Hungría y Polonia, dos países que están en el punto de mira de las instituciones europeas por sus controvertidas reformas en sus sistemas judiciales, entre otros asuntos, y que podrían ser objeto de sanciones, incluida la pérdida de voto en el Consejo.
Pero desde el Gobierno se ha insistido en que nada tiene que ver la reforma que impulsan los dos partidos del Ejecutivo con los sistemas de estos dos países tan cuestionados en Bruselas.
Además, fuentes del Gobierno subrayaban esta noche en Bruselas que durante la primera jornada de la cumbre el tema en cuestión no ha salido a relucir en ningún momento y no ha habido menciones ni preguntas a España al respecto.
Nadie, han insistido, ha intervenido en el Consejo Europeo para hablar del asunto ni se ha dirigido a la delegación española para expresar preocupación alguna al respecto.
Por eso en el Ejecutivo insisten en desligar esta reforma del reparto futuro del fondo europeo.
Y en cuanto a las apreciaciones que ha hecho la Comisión sobre la reforma, en el Gobierno español creen que se trata de consideraciones generales sobre la necesidad de la independencia judicial que deben respetar todos los miembros y no exclusivamente sobre el caso de España.
