Deep South
Me harté de decirlo en la época de gobierno de Mariano Rajoy. Su Ejecutivo caminaba a todas horas tan sumergido en el fraude de ley que lo único que, finalmente, iba a terminar consiguiendo sería la imposición de una dictadura por parte de la izquierda. Me explico. En realidad, quien comenzó a utilizar el fraude de ley como instrumento de gobierno sistemático fue José Luis Rodríguez Zapatero –el famoso imbécil a decir de Luis Almagro, secretario general de la OEA– cuando impuso un estatuto inconstitucional para Cataluña, cuando metió con calzador no menos inconstitucional la ley de matrimonio homosexual y cuando nos clavó una ley de educación contra la ciudadanía, mero instrumento de la agenda globalista, y burla de los textos más veteranos en el campo de los derechos humanos.
‘ZP’ no pasó quizá de media docena de fraudes de ley, pero dejó de manifiesto que era posible perpetrarlos impunemente en esta España de mis pecados y cuando la crisis económica que él provocó lo expulsó del poder, el camino había quedado marcado. Como tantas, tantísimas cosas, Rajoy pudo corregir aquel nefasto sendero, pero decidió continuar transitándolo hasta hundir a España en la ruta de la aniquilación. Desde el mismísimo primer día, Rajoy y, de manera destacada, su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vivieron en el fraude de ley.
En el caso de Montoro, el fraude llegó a extremos ridículos aunque muy peligrosos como cuando, por ejemplo, decidió equiparar una falta administrativa como tener una cuenta sin declarar en el extranjero con el delito de genocidio o de crímenes contra la Humanidad al convertir la primera en imprescriptible. Buena parte de las descomunales salvajadas jurídicas del vampírico ministro han ido siendo trituradas por sentencias de los tribunales europeos, pero para cuando se han dictado las oportunas resoluciones judiciales, Montoro ya había logrado que dos millones de españoles se quedaran sin empleo y que quebraran de manera irremisible decenas de miles de empresas.
En términos económicos, hizo más daño que la Guerra Civil y, por añadidura, no se limitó a eso. Un libro reciente de Federico Quevedo lo acusa de utilizar incluso la Agencia Tributaria para extorsionar a periodistas, pero de eso hablaré, Dios mediante, en otra ocasión. El caso es que Rajoy y Montoro llegaron a la criminal traición de financiar con dinero público el golpe de estado perpetrado por los nacionalistas catalanes y, aunque lo reconocieron ante el Tribunal Supremo, ninguno de los dos hasta la fecha ha comparecido ante el juez. Por esa época, señalé yo que el Gobierno de Rajoy había ido avanzando tanto en el fraude de ley que para cuando la izquierda regresara al poder –algo que no podía tardar contemplando la gestión rajoyesca-montoril– apenas le quedarían unos centímetros por recorrer para llegar a la dictadura.
Me temo que, como en tantas ocasiones, disté mucho de equivocarme. Las bases del Estado de derecho quedaron tan debilitadas que para el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias está siendo coser y cantar llevarnos a una dictadura de corte chavista. Las dos últimas noticias de esta semana llevan a confirmar esa impresión. La primera es que el CCN, dependiente del CNI, ha emitido un informe en que condena como contrarios al sistema democrático a todos los medios que adviertan de la agenda globalista, negando su existencia y defendiendo a capa y espada a personajes como George Soros.
Algunos han interpretado el hecho como una advertencia de que se prepara la ilegalización de VOX. Quizá, pero lo que es obvio es que se va a perseguir a los medios que no suscriban el relato globalista oficial, relato del que es vicepresidente Pablo Iglesias, factótum de la Agenda 2030 en el Gobierno.
La segunda es no menos inquietante. Socialistas y comunistas –es de suponer que con el asentimiento de terroristas vascos y golpistas catalanes– han decidido cambiar el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial para que ya sólo dependa de una mayoría absoluta en el Parlamento, es decir, la suya. A Chávez llegar a ese punto de desventramiento del orden constitucional le costó un lustro. El Gobierno social-comunista puede conseguirlo en menos de dos años dada la manera en que Rajoy y Montoro avanzaron en la aniquilación de garantías constitucionales, en el despotismo ejercido desde el poder y en la práctica sistemática del fraude de ley.
¡¡¡Quién nos lo hubiera dicho hace décadas cuando el único temor de regreso a una dictadura era el más que improbable golpe militar!!! Vamos ahora hacia una dictadura en la que la locomotora la conducen socialistas y comunistas y que discurre sobre los raíles que, pasito a pasito, fue colocando el Partido Popular de Rajoy y Montoro.
