El TSJC condena a 20 meses de inhabilitación a los miembros de la Mesa de JxSí de 2017
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a penas de 20 meses de inhabilitación a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la pasada legislatura, por permitir la tramitación de las leyes del «procés», mientras ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
Lo más importante: en su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a pagar una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia al desoír los requerimientos del Constitucional para que impidieran la tramitación de las llamadas «leyes de desconexión».
Por el contrario, la sala absuelve a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que estaba acusada de desobediencia por impulsar la tramitación de dichas leyes, al concluir que no fue advertida nominalmente por el Constitucional y por entender que «su condición de diputada y presidenta de la CUP-CC no le otorgaba las capacidades de intervención sobre la iniciativa que exige el tipo penal de la desobediencia».
El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha pronunciado así en Twitter: «Un nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión. Debatir, hablar y discutir libremente cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho. Todo el apoyo, compañeros y compañeras!».
Un nou atac al parlamentarisme i a la llibertat d’expressió. Debatre, parlar i discutir lliurement qualsevol tema en seu parlamentària no és un delicte, és un dret. Tot el suport, companys i companyes! https://t.co/ezu9Px3jp7
— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 19, 2020
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes que condenar a los miembros de una Mesa del Parlament «es una aberración democrática» y «una evidencia más de que en el Estado español hay una persecución política contra el independentismo catalán» y que se busca «la venganza y el castigo».
Según Vilalta, esto significa «una nueva muestra de injusticia» de los tribunales, que actúan «en consecuencia al hecho de que permanece abierta la causa general contra el independentismo».
«Se busca la venganza -ha considerado Vilalta- y por esto la presidenta de aquella misma Mesa es una presa política actualmente, y por esto se condena hoy al resto de miembros independentistas por no querer censurar que en un Parlamento se pueda hablar de todo, incluido de la independencia y de la autodeterminación».
Por su parte, la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha afirmado este lunes poco después de conocerse la sentencia que los miembros de la Mesa del Parlament de JxSí de la pasada legislatura sabían que se estaban saltando las leyes y, pese a ello, siguieron adelante: «desgraciadamente esto tiene consecuencias». «Esperamos que nunca más ningún dirigente catalán decida que la manera de llevar a cabo su proyecto político sea saltarse las normas, porque vemos que esto lo que supone es un fracaso de todos, pero especialmente y con consecuencias directas para aquellos que perpetraron esta violación directamente de las leyes», ha aseverado Granados.
La dirigente socialista ha recordado que los miembros de su partido que estaban en la Mesa y en la Junta de Portavoces en aquella «legislatura negra» intentaron «que no se atravesasen las líneas de la legalidad» y que alertaron a los miembros de JxSí de las consecuencias que tendría saltarse la ley. «En las democracias occidentales sólo se pueden dividir los gobiernos y gobernantes entre los que cumplen las leyes y los que no», ha remachado.
Este ha sido el tercer juicio que se ha celebrado hasta ahora contra los líderes políticos o cargos de la Generalitat que participaron en la declaración de independencia de 2017.
