PSOE y Unidas Podemos cerraron su acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado esta noche, horas antes de que el anteproyecto vaya al Consejo de Ministros para su aprobación. Fuentes socialistas confirmaron que los dos partidos de coalición han logrado el acuerdo tras haberse solventado las últimas diferencias relativas al ingreso mínimo vital y a los alquileres.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había comunicado la mañana del lunes a los jefes de Gobierno autonómicos que los presupuestos serían aprobados este martes por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. La tarde del mismo día, fuentes de Podemos advertían de que el acuerdo aún no estaba cerrado debido a dos escollos: La regulación de los alquileres o las medidas para asegurar el funcionamiento del ingreso mínimo vital.
El partido de Pablo Iglesias subrayaba que había exigido a los socialistas que se resolvieran estos dos asuntos antes de firmar el acuerdo. Finalmente ha habido acuerdo sobre ambas cuestiones, según fuentes del PSOE.
Subidas de impuestos
Además, el proyecto de cuentas públicas también contempla subir el IRPF para las rentas altas, tanto del trabajo como del capital, y el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, según ha avanzado este martes el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Los Presupuestos también reducirán las desgravaciones de los planes de pensiones privados, limitarán las exenciones del impuesto de sociedades para los dividendos y plusvalías de las filiales de las grandes empresas y establecerán una tributación mínima para las socimis (sociedades anónimas con carácter mercantil, con un capital mínimo de 5 millones de euros), ha detallado Iglesias en un acto para presentar las claves del proyecto presupuestario que aprobará este martes el Consejo de Ministros.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4EKeHgR9sdA[/embedyt]
La regulación del alquiler en tres meses
Este punto fue el principal obstáculo entre los dos partidos del Gobierno. Finalmente, PSOE y Unidas Podemos acordaron un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que limitará, y eventualmente bajará, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionadas. Esto, junto con tres enmiendas de mejorar al funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), han permitido cerrar un acuerdo entre ambas formaciones para los Presupuestos de 2021, que este martes se aprueban en el Consejo de Ministros.
Según el acuerdo, la Ley de Vivienda, que en estos momentos se encuentra en información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se elaborará conjuntamente con la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030. La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.
La norma establecerá para las zonas de mercados tensionado mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes. Para determinar dichas zonas se usará la información obtenida por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que desarrollará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
Se habilitará a las administraciones locales para que puedan declarar «de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler».
Para el IMV se ha acordado tener en cuenta de forma permanente los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder la prestación, algo que antes solo estaba previsto aplicar hasta 2021. De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV y podrán hacerlo en cualquier momento del año.
Además, se ha reducido de 3 a 2 años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al IMV y se ha establecido la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV.
