La Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Educación del pasado abril que permitía pasar de curso con suspensos, y ha solicitado al ministerio que dirige Isabel Celaá el expediente administrativo vinculado a dicha decisión.
El ministerio fiscal ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de un particular contra la ministra de Educación, donde se ponía de manifiesto que dicha decisión podría haber constituido un presunto delito de prevaricación.
Tras recibir dicha denuncia y estudiarla la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el ministerio fiscal decidió abrir diligencias para esclarecer los hechos y ha solicitado recientemente a Educación todo el expediente administrativo para saber cómo se adoptó dicho acuerdo y por qué razones.
La Fiscalía se encuentra actualmente a la espera de recibir la documentación solicitada y tras estudiarla, se comprobará si se ha incurrido en alguna conducta que pudiese ser constitutiva de delito.
El denunciante llevó los hechos a la Fiscalía al considerar que el acuerdo podría haberse adoptado por un órgano que no tenía competencias para ello, la citada conferencia sectorial de Educación.
Fue el pasado abril cuando Educación pidió a las comunidades autónomas que flexibilizaran «de forma excepcional» por la pandemia los criterios para pasar curso en todos los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y que «no tengan en cuenta limitaciones que afecten» al número de suspensos.
Así se contempló después en la Orden del Ministerio de Educación, publicada el 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con directrices para el fin de curso 2019-2020 y el inicio del 2020-2021.
Se eliminan los límites de suspensos que establece la Lomce para promocionar y para titular en cuarto de la ESO (dos máximo sin que sean a la vez matemáticas y lengua) o Bachillerato (cero).
La orden fue suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León y País Vasco.
Se da la circunstancia de que el pasado 15 de octubre el Congreso respaldó también un real decreto del Ministerio de Educación con medidas similares sobre el paso de curso: «La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones».
Dicho real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, adopta medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus y permite a las comunidades otra vez adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Celaá ha sostenido en numerosas ocasiones que es «falso» que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos sino que será una decisión colegiada del centro.
Pero la medida es criticada por partidos de la oposición como PP, Ciudadanos y Vox y diversos sindicatos y colectivos de la comunidad educativa.
