La Fiscalía Anticorrupción lleva un año investigando si el rey emérito Juan Carlos I pudo utilizar una serie de tarjetas vinculadas a cuentas bancarias de terceros para sus gastos personales. El dinero provenía, presuntamente, de su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que según cree el ministerio público, lo puso a disposición del anterior Monarca y este lo utilizó, pero no lo declaró a Hacienda. Desde este martes, estas diligencias abiertas han sido trasladadas a la Fiscalía del Tribunal Supremo por orden de Dolores Delgado, en un golpe de mando después de que se conociera la investigación por una publicación en un diario digital español.
Las cuentas bancarias en cuestión están en entidades españolas, aunque desde Fiscalía se han remitido diversas comisiones rogatorias para conocer el origen de los fondos. Es decir, para detectar si Juan Carlos I pudo cometer un delito fiscal, los investigadores tienen que determinar si Sanginés-Krause donó el dinero al rey emérito o si este dispuso del saldo sin que mediara una donación. La fórmula es importante porque de ella depende que el posible delito a Hacienda sea derivado de un fraude en la declaración del impuesto de donaciones o del de la renta.
Además, la Fiscalía Anticorrupción había recibido autorización de la Fiscalía General del Estado hace pocas semanas para prorrogar otro año la investigación que seguía en secreto sobre Don Juan Carlos en relación con pagos de bienes y servicios a través de una persona de su confianza con fondos cuya licitud está por esclarecer.
