La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que nos estamos «introduciendo en un camino muy peligroso hacia el totalitarismo» en España por los «ataques» del Gobierno «a la libertad de prensa y a las familias a la hora de elegir el sistema educativo» para sus hijos.
Al final de su intervención en un acto de apoyo a la hostelería celebrado en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuso se ha dirigido a los medios de comunicación en alusión implícita al mecanismo contra la desinformación que ha publicado este jueves el Gobierno en el BOE, que ha provocado críticas por parte de PP y Vox al entender que La Moncloa busca controlar a los medios o la censura.
Actuar contra la desinformación y «la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos» que «persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios» es el objetivo de esta disposición, según rezaba el propio texto del BOE.
«Con las propuestas de ataques a la libertad de prensa, a las familias a la hora de elegir el sistema educativo que quieren para sus hijos, intromisiones y ataques a la Justicia, al Parlamento, a la falta de transparencia, nos vamos al final introduciendo en un camino muy peligroso hacia al totalitarismo», ha dicho Ayuso.
De esta forma se ha referido también a la reforma educativa de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, que no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como lengua oficial del Estado y, además, fijará que no se podrá financiar aquellos centros que segregan a los alumnos por sexo.
La presidenta madrileña ha asegurado que con todas estas actuaciones se está «minando la Constitución para que al final acaba cayéndose sola, disgregando España, fragmetándonos entre todos».
«Sin Justicia, sin Constitución, sin libertad de prensa, sin seguridad, sin protección a la empresas, sin protección a la libertad sanitaria y educativa de las familias, el país se va a ver abocado a una situación muy distinta», ha recalcado Ayuso, que ha señalado que los «más perjudicados» serán los ciudadanos.
