Denuncian los ataques de la nueva reforma a los centros concertados, a los de Educación Especial y a la vehicularidad del castellano
Son muchas las organizaciones del ámbito educativo, como asociaciones de padres y de profesores, que han puesto el grito en el cielo por los distintos aspectos de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la LOMLOE o ‘ley Celaá‘. Este mismo jueves, algunas de ellas se han manifestado a las puertas del Congreso de los Diputados al grito de ‘libertad’. Asimismo, durante este fin de semana hay protestas convocadas en varias ciudades españolas.
Una de estas asociaciones es la plataforma Más Plurales, que agrupa a 21 entidades educativas de toda España, que se ha manifestado en los últimos días delante del Congreso para mostrar su rechazo a la reforma. Denuncian, entre otros asuntos, que es «la primera vez» que el Gobierno «ha vetado» a la comunidad educativa a la hora de participar como comparecientes de la tramitación de la ley. Además, califican la LOMLOE de «atropello a la libertad» por «limitar la libertad de los padres para elegir el centro que quieren para sus hijos».
Rechazan, asimismo la rebaja en la exigencia que contempla la nueva ley, que permite pasar de curso con varios suspensos, y el ataque a los centros educativos concertados y a los de Educación Especial.
Ataque al español como lengua vehicular
Por otra parte, la asociación Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS), una agrupación de docentes de Baleares a favor de una escuela abierta y orientada por parámetros educativos, centra el foco de sus críticas en «las prisas» de la reforma educativa para eliminar la vehicularidad del español» y denuncia que esta urgencia viene a demostrar que las autoridades en Cataluña y en el Baleares «han infringido sistemáticamente la ley» en lo que a política lingüística en las aulas se refiere.
En este sentido, PLIS recuerda las sentencias del Tribunal Constitucional 6/1982 y 31/2010, que indicaron que el castellano es obligatoriamente lengua vehicular con el catalán, en territorios con dos lenguas oficiales. Luego fue la LOMCE, que estableció en su disposición adicional 38ª la obligación de reservar horas lectivas al castellano en una proporción razonable. Después, las sentencias del Tribunal Supremo 2548/2014, de 23 de abril de 2015 y 2549/2014, de 28 de abril de 2015, que obligaron a adjudicar al español un mínimo del 25% del horario lectivo y al menos una materia troncal. Finalmente, llegaron los litigios en Cataluña, todos ganados por padres que reclamaban el derecho a recibir un mínimo del 25% de enseñanza en castellano.
«La inmersión obligatoria y total estaba herida de muerte, solo era cuestión de tiempo que, por acumulación de pleitos, algún tribunal obligara a la Generalitat [catalana] y al Gobierno balear a dictar instrucciones a los directores de centros para modificar sus proyectos lingüísticos», señalan desde PLIS en un comunicado. Ahora, sin embargo, la ley Celaá pretende «eliminar toda mención a una presencia mínima del castellano».
