El juez que investiga la gestión de Podemos toma declaración este viernes a la gerente de la formación, Rocío Val, al responsable de finanzas, Daniel de Frutos, al responsable de comunicación, Juanma del Olmo, y a la responsable de compras, Andrea Deodato
El magistrado citó como investigados a Rocío Val, Daniel De Frutos y Juanma Del Olmo en un auto del pasado 30 de julio, un día después de que Calvente ratificara en el juzgado su querella contra Podemos por presuntos delitos de financiación irregular, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Un día después el juez amplió las diligencias y citó también como investigada a Andrea Deodato. Este viernes, el juez que lleva el caso los ha citado a declarar.
Además de Val, de Frutos, del Olmo y Deoato, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado como testigos a representantes de seis empresas relacionadas con las obras de la sede de Podemos, que es una de las actuaciones denunciadas en la querella de José Manuel Calvente que dio origen a la causa.
Desde aquel momento el magistrado ha archivado las piezas relativas a los contratos con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019 y a la Caja de Solidaridad de Podemos, al no apreciar delito.
Por su parte la Fiscalía de Madrid pidió al juez que limite su investigación a Podemos al contrato que suscribió con la empresa Neurona Consulting para las citadas elecciones, ya que en el resto de hechos denunciados no es delito, y advirtió de que el resto son «rumores, sospechas o suspicacias».
El Ministerio Público sostiene que Neurona efectuó abonos en fechas próximas al 28A a una mercantil con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por 308.257 euros «cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores», y añade que los gastos que figuran en sus cuentas son los normales de prestación de servicios, pero no constan «gastos de personal, medios materiales o locales» propios de una actividad empresarial.
A Daniel de Frutos el juez le investiga como administrador mancomunado de la coalición Unidas Podemos en las citadas elecciones junto a Carlos García Ramos, de IU, quien el viernes pasado declaró ante el juez que él no supervisó el contrato entre Podemos y Neurona ya que confiaba en su homólogo designado por la formación morada y cada uno autorizaba unos contratos.
El magistrado sostiene que «existen indicios racionales» de que los pagos efectuados por Podemos a la empresa Neurona «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y calificable como gasto electoral».
En su declaración en sede judicial Calvente denunció el trabajo de Daniel de Frutos y también de Juanma del Olmo, estrecho colaborador de Pablo Iglesias y también director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia segunda del Gobierno, a quien el denunciante atribuye toda la responsabilidad de las contrataciones durante la campaña electoral.
En cuanto a Rocío Val y Daniel de Frutos, denunció que se subieron los salarios por encima de lo estipulado en el reglamento de Podemos, añadiendo complementos de unos 200 y unos 400 euros al mes en 2019.
También achacó a Val y a De Frutos posibles irregularidades en la adjudicación de las obras de la sede de Podemos en la calle Francisco Villaespesa, que se licitaron por 650.000 euros pero la adjudicación se publicó por 1,3 millones, y además comenzaron antes de que se adjudicase el contrato, según su denuncia.
La declaración de estos investigados se produce después de que la semana pasada declarase como imputado Elías Castejón Hernández, administrador de Neurona Comunidad S.L., -la filial española del grupo- y como testigo el arquitecto de las obras de la sede, Manuel Campos García.
Castejón ha aportado luego al juzgado unos documentos, en los que se reflejan, entre otros muchos movimientos, varios pagos desde Neurona Comunidad a Creative Advice Interactive por un importe total de 6.415.564 pesos mexicanos, que ahora equivalen a 266.780 euros, todos por orden de una socia llamada Andrea Edlin López.
Esto acredita, según la representación de Elías Castejón, «la falta de decisión empresarial del representado, que actúa en calidad de profesional de la gestión empresarial».
