Las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils ven difícil que el juicio resuelva dudas

Los damnificados se preguntan por el vínculo entre el CNI y el imán de Ripoll o por el hecho de que no se creara una comisión de investigación en el Congreso

Las víctimas de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 creen que en el juicio sobre el caso quedarán dudas por resolver, lo que dificultará que puedan cerrar heridas, según ha advertido el impulsor de la Unidad de Atención y Valoración de Víctimas del Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique.

Manrique ha asegurado que las víctimas no solo buscan justicia en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por los atentados de agosto de 2017, sino también que se resuelvan sus dudas para poder cerrar heridas, al tiempo que pide que el trato a los damnificados por parte de las administraciones no se centre «en el dinero, sino en los derechos».

Para las víctimas, el juicio es un momento difícil porque supone volver a enfrentarse al episodio más duro de sus vidas, por lo que Manrique agradece que la mayoría de los medios no hayan publicado el vídeo emitido en la Audiencia Nacional, y que hasta ahora no había sido divulgado, con el recorrido de la furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub embistiendo a cuantas personas encontraba a su paso en las Ramblas de Barcelona.

Manrique, una de las víctimas del atentado de ETA en Hipercor en Barcelona en 1987, ha dedicado su vida desde entonces al apoyo a los damnificados: trece años como delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Cataluña, luego al frente de la asociación catalana ACVOT y desde el 17 de agosto de 2017 impulsando la Unidad de Atención y Valoración de Víctimas del Terrorismo (UAVAT).

La UAVAT, donde Manrique ejerce como asesor en un equipo de profesionales y voluntarios, ha asistido a 217 víctimas del 17-A, de las que 73 se han personado en el juicio de la Audiencia Nacional.

Con la experiencia acumulada a lo largo de los años, Manrique sostiene que, ante un juicio como el del 17-A, las víctimas, para poder cerrar heridas, pretenden obtener respuestas sobre interrogantes que planean en la causa, entre las que cita por qué no se creó una comisión de investigación en el Congreso o el vínculo entre el CNI y el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, el cerebro de la célula que cometió los atentados.

«La justicia se hace con un juicio, pero al final lo que quieren las víctimas es que se les resuelvan sus dudas y, sobre todo, que no vuelva a pasar», sostiene Manrique. «Al final, la gran importancia de este juicio no es escuchar a las víctimas y resolver sus dudas», lamenta Manrique, sino «ver si se condena por terrorismo a dos de los tres acusados».

El impulsor de la UAVAT lamenta que en el juicio hay una representación «baja» de la cifra real de víctimas de los atentados. «Entiendo que a nivel jurídico se recorte la presencia de víctimas que declaran (en las sesiones del juicio), lo que no comprendo es el número de personas que no se han podido personar por falta de información» en la causa judicial, señala.

En este sentido, Manrique considera que el «problema» radica en la administración, debido a su descoordinación y falta de asesoramiento hacia los afectados. Pone como ejemplo que las personas que estuvieron el 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils, pero no fueron heridas, no son reconocidas como víctimas por la administración. «¿Cuántas víctimas presenciales han dejado de ir a sus lugares de trabajo en las Ramblas por culpa de este trauma y han acabado despedidas? De ellas, ni se habla ni se hablará en el juicio por falta de tiempo», lamenta.

Aún hoy, explica Manrique, tres años después del atentado, siguen descubriendo nuevas víctimas, por lo que su entidad las ayuda a que denuncien, si bien la administración sólo les admite a trámite la documentación si la presentan el primer año posterior al ataque.

«Todavía quedan muchas cosas normativas que se deben modificar y la administración no se quiere sentar», se queja Manrique, que subraya que «el terrorismo es el único delito que no va contra una persona sino contra el Estado, y el Estado no está dando la cara». Según Manrique, pese a que el Estado tiene la responsabilidad de indemnizar a las víctimas, si la sentencia fuese por estragos y daños pero no por terrorismo, la cantidad a percibir por los afectados sería mucho menor. «Hablar de terrorismo no es hablar de dinero sino hablar de derechos», matiza no obstante.