En menos de un año, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha estado envuelta en numerosas polémicas por las medidas que quiere implementar su ministerio
El Ministerio de Igualdad, refundado el 13 de enero de 2020 y encabezado por Irene Montero, no ha parado de generar polémicas. Este departamento del Gobierno ha sido más veces noticia por medidas controvertidas (en forma de leyes e informes) que por medidas encaminadas a cumplir su supuesta función de asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La última ha sido de las más sonadas: el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha tumbado un contrato público del Ministerio de Igualdad para cubrir los servicios del 016 por vulnerar el principio de igualdad de género. Los pliegos del contrato incurrían en una discriminación por razón de género, ya que se exigía al personal adscrito que fueran mujeres y no hombres.
Ley Trans
La medida estrella de Irene Montero no ha dejado de generar polémicas tanto por su contenido como por el modo en el que se ha impulsado. Esta ley recoge, entre otras propuestas, el derecho a la «autodeterminación de género». Esto es, que las personas podrán cambiar registralmente su sexo en el DNI a través de una mera «declaración de la propia identidad sentida». Lo que significa que cualquier persona (incluidos menores de 16 a 18 años) que manifieste una identidad de género que no coincida con su sexo biológico podrá rectificar sus datos en el Registro Civil sin que el ejercicio de este nuevo derecho esté condicionado a la previa prestación de un informe médico o psicológico. Además, la ley también plantea el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.
«Diversidad familiar»
El Ministerio de Igualdad confeccionó una guía destinada a los profesionales de la educación que ofrecía a los docentes una «caja de herramientas» para abordar la «diversidad sexual familiar, corporal y de expresión de identidad de género». Estas herramientas eran 44 actividades grupales entre las que se encontraban «el armario gay», la «sopa lésbica» y «la mochila de género».
El contenido de la guía, que constaba de 161 páginas, generó mucha polémica. El principal detonante fue la «sopa lésbica»: una sopa de letras tradicional que contaba con la particularidad de que las palabras a encontrar eran insultos para referirse a las mujeres lesbianas, tales como «desviada», «machorra», «bollera», «marimacho» o «camionera».
La “opresión” del color rosa
El color rosa «oprime y reprime a las niñas». Así lo sostenía el Ministerio de Igualdad en un informe publicado el pasado mes de octubre que se titulaba «Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿Promoción o ruptura de estereotipos y roles de género?». El Instituto de la Mujer, organismo que pertenece a Igualdad, veía sexismo en la publicidad de los juguetes navideños. Este documento, de más de 200 páginas, cargaba contra la industria juguetera por el «abuso» de esa tonalidad en los juegos supuestamente dirigidos a las niñas. El polémico informe costó 17.182 euros, según recogió la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Asesores
El Ministerio que dirige Irene Montero cuenta con un total de 14 asesores que en su mayoría son mujeres y dos altos cargos nombrados a dedo. Entre todos, cobran la friolera de 901.283,08 euros. Esto es, casi un millón de dinero público entre 15 personas. Sin embargo, el nombre de la mayoría de los asesores, no figura en el BOE ni tampoco el currículum.
Ley del aborto
La ministra de Igualdad quiere derogar la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2015 para permitir que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento ni el conocimiento paterno. La derogación que plantea Unidas Podemos desde el seno del Gobierno nos devolvería a la ley de plazos (también llamada Ley Aído), aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2010 y que permitía a las niñas mayores de 15 años abortar a espaldas de sus padres.
Teresa Rodríguez
Teresa Rodríguez fue expulsada de Adelante Andalucía durante su baja de maternidad e Irene Montero justificó la maniobra alegando que «la política no para». Además, Montero atacó a Rodríguez y calificó de «bochornoso» que la exdiputada de Adelante Andalucía se comparase con «una mujer trabajadora despedida», puesto que mantiene su sueldo de parlamentaria a pesar de la expulsión. «Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas (…) La política no para mientras estamos de permiso», subrayó Montero en una entrevista.
La respuesta de Teresa Rodríguez no tardó en llegar. «No me esperaba eso. Tengo la tranquilidad de haber apoyado a Irene Montero siempre que la han atacado desde el Patriarcado y lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas», dijo en su cuenta de Twitter.
«Sola y borracha»
Antes del confinamiento, el Ministerio de Igualdad se encontraba impulsando la Ley de Libertad Sexual bajo el lema «sola y borracha quiero llegar a casa». «Queremos que el grito feminista ‘sola y borracha, quiero llegar a casa’ se convierta en una realidad, para dejar de vivir con miedos», anunciaba el Ministerio en su cuenta oficial de Twitter, alegando que «los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones». La oposición cargó duramente contra tal alegato por considerar que fomentaba el «consumo abusivo del alcohol».
«¿Adicciones para qué?»
Entre la colección de informes polémicos y cargados de contenido ideológico se encuentra el documento «¿Adicciones para qué?», una guía sobre las mujeres y las adicciones que el Ministerio de Igualdad publicó el pasado mes de junio. En dicha guía se afirma que la razón por la que las mujeres consumen alcohol, tabaco y drogas es porque están tratando de adoptar el «modelo masculino hegemónico».
«Para acceder al mundo masculino público y valorizado económicamente, algunas mujeres, en la esfera profesional, hemos asumido comportamientos asociados al modelo masculino hegemónico, normalizando el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias para poder estar en las mismas condiciones que ellos o para no perder oportunidades de negociación en la esfera pública (reuniones de trabajo en horarios tarde-noche, acuerdos en espacios informales «de copas»)», afirma el documento.
